El empresario José Romero, absuelto por el caso Astapa

El empresario cordobés José Romero ha sido absuelto de los casos que se imputaban en el denominado caso Astapa, que se ha juzgado en Málaga y que tenía medio centenar de acusados.

Como adelanta el diario ABC Córdoba, esta sentencia absolutoria para Romero llega 17 años después del inicio del caso que ha juzgado la corrupción urbanística y política en el Ayuntamiento de Estepona.

Fueron casi 50 acusados los que llegaron al inicio del juicio, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, así como otros exresponsables municipales entonces del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios.

La versión del fiscal

En su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal rebajó de forma considerable todas las penas solicitadas inicialmente para los procesados, al considerar que concurre la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas y extraordinarias de forma muy cualificada. Además, hay acuerdos de conformidad con dos procesados.

El ministerio fiscal acusa a Barrientos por los delitos de falsedad, fraude y malversación; de cohecho y de prevaricación, pero de diez años y nueve meses de prisión que solicitaba inicialmente, rebajó la petición a dos años de cárcel. Asimismo, de un millón de euros de multa se ha pasado a solicitar 40.000 euros.

Además, la acusación pública retiró toda petición de indemnización tras haberse apartado como acusación el Ayuntamiento de Estepona, que se ha reservado la posibilidad de ejercer acciones civiles en su caso, y por «no haber más perjudicados» en este caso.

La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido desde el inicio de esta causa, en la que se investiga el periodo 2003-2008, que los procesados que eran políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones «orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios» para «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición» y también presuntamente para beneficio propio.

Así, ha venido manteniendo la supuesta existencia de «una 'Caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades, con el fin de «eludir controles»; y por supuestas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».

En su escrito definitivo mantuvo el relato inicial, aunque matizó respecto a determinados convenios que a lo largo del juicio «no se ha probado que en la negociación de tales acuerdos los responsables municipales de urbanismo antepusieran el interés de promotoras al del municipio» o que «no se ha demostrado que tuvieran causa ilícita» las aportaciones de algunas empresas para eventos deportivos o musicales.

El comisario Villarejo

Añadió que no se han probado determinados regalos o promesas económicas y precisó que al haberse anulado las escuchas telefónicas, tras estimarse las cuestiones previas de las defensas de los acusados, no se han podido acreditar en el juicio determinadas actuaciones y pagos inicialmente considerados irregulares a varios de los procesados.

También introdujo la acusación pública precisiones y correcciones en cuanto a la tramitación de expedientes en materia de disciplina urbanística entre 2003 y 2008, que si se hubiesen tramitado con normalidad el Ayuntamiento «habría podido recaudar por la vía de sanciones unos 43 millones de euros», pero debido a su caducidad y «la ausencia de actos de reactivación» habían prescrito.

Las defensas, por contra, han venido cuestionando la investigación, que han tachado de «irregular». En este sentido, las letradas del exalcalde han sostenido que la causa se inició «sin control» judicial y con «continuos» contactos antes de la denuncia entre los denunciantes y agentes, como el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo, a quien las defensas dan un papel prioritario en el origen de la investigación.