Autoridades de la Junta de Andalucía en la presentación de la Ley para la Gestión Ambiental
La Ley de Gestión Ambiental de Andalucía apuesta por la sostenibilidad y la generación de empleo
El objetivo del Ejecutivo andaluz es el de posicionar a Andalucía como líder en gestión ambiental.
El delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, han presentado el anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), que, en palabras del delegado «viene a simplificar y agilizar los trámites para facilitar la vida a los empresarios y emprendedores. Es una Ley que apuesta por el futuro de Andalucía, donde sostenibilidad y emprendimiento vayan de la mano».
Por su parte, Carmen Jiménez ha declarado que, «tras 17 años desde la promulgación de la Ley de Calidad Ambiental, se presentan ahora nuevos retos como el cambio climático y la generación de energías sostenibles, nuevos retos que hay que afrontar por el continuo cambio de normativas». Igualmente, afirma que se persigue «una gestión ambiental eficaz, ágil, con una simplificación administrativa y, sobre todo, buscando el desarrollo sostenible, ambiental, económico y generador de empleo». En este camino, según la directora general, tienen que operar agentes sociales, industriales y ciudadanos". Este anteproyecto de Ley ha salido a información pública y el plazo de alegaciones culmina el 17 de diciembre.
La Legam y sus diferencias con la anterior Ley Ambiental
La Legam, cuyo inicio de tramitación administrativa fue aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno, busca modernizar, simplificar y fortalecer la normativa ambiental para responder a los desafíos actuales y futuros en materia de sostenibilidad. Según la directora general, esta Ley será un punto de inflexión que permitirá afrontar con garantías los retos del cambio climático, la economía circular y la protección de los recursos naturales, siempre con el objetivo de posicionar a Andalucía como líder en gestión ambiental.
Uno de los pilares fundamentales de la Legam es la simplificación administrativa, algo especialmente relevante para los sectores productivos estratégicos de Córdoba y el resto de Andalucía. La Ley reduce significativamente los plazos de tramitación en procedimientos clave, como las autorizaciones ambientales unificadas (AAU), que pasan de resolverse en ocho a seis meses, y las modificaciones sustanciales, cuyo plazo se reduce de seis a cuatro meses.
Además, muchos proyectos, como plantas solares fotovoltaicas, depuradoras o líneas eléctricas, se beneficiarán de una tracción más ágil gracias a la AAU Simplificada, con un plazo de resolución de cinco meses.
Presentación del anteproyecto de Ley a agentes económicos y sociales
La ley también introduce la figura de la licencia ambiental, que reemplazará a la calificación ambiental actual y será gestionada por los ayuntamientos. Este permiso previo establecerá las condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de las actividades proyectadas, abarcando una amplia gama de sectores, desde restaurantes hasta instalaciones de fabricación de hormigón. Paralelamente, aumenta el número de actividades que podrán gestionarse mediante una declaración responsable, reduciendo aún más la carga administrativa para empresas como talleres de carpintería, panaderías y talleres de reparación de vehículos.
Impacto en Córdoba y sus sectores productivos
Las almazaras, por ejemplo, que desempeñan un papel esencial en la economía local, volverán a estar bajo la gestión de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para garantizar una evaluación ambiental adecuada, facilitando así su desarrollo con garantías ambientales. Asimismo, proyectos relacionados con la transformación en regadío de zonas agrícolas podrán beneficiarse de plazos de autorización más cortos, lo que impulsará su competitividad.
Más allá de la simplificación administrativa, la Legam introduce mecanismos innovadores para promover la sostenibilidad. Se prevé la creación de un registro de personas interesadas en los procedimientos ambientales, garantizando una mayor transparencia y participación ciudadana. Este enfoque participativo se complementa con la promoción de tecnologías sostenibles, incentivos fiscales y económicos para impulsar la economía verde y el compromiso con la ecoinnovación.
En el ámbito institucional, se establecerá el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía (CAMA), que sustituirá al actual órgano consultivo, promoviendo un diálogo constructivo entre la administración, el sector privado y la sociedad civil. Además, la planificación de inspecciones ambientales plurianuales y la creación de una Estrategia Marco de Medio Ambiente reforzarán la vigilancia y el control ambiental en toda la comunidad.