La colisión de los Poderes del Estado
Hace unos días, en una conferencia sobre la Seguridad Jurídica y el comercio, escuchaba al ponente hablar sobre la división de los poderes del Estado, remontándose a su creador Montesquieu. Lo novedoso para mí no era la teoría, claro, sino que dicha teoría la desarrolló Montesquieu basándose en la Ley de la gravitación universal de Isaac Newton, ambos contemporáneos de la caída de las monarquías absolutistas.
La teoría de Montesquieu en que divide los poderes del Estado en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tiene como finalidad evitar la concentración del poder en una sola persona (o un pequeño grupo de personas) y establecer un contrapeso entre los diferentes poderes, no sólo un control de uno sobre el otro.
Como decía, se fundamenta en la Ley de gravitación universal, donde se indica que debido a la gravedad, todos los planetas se atraen pero sin llegar a colisionar, manteniendo un orden perfecto en el Universo, cumpliendo cada uno su función, que son diferentes, pero que en el todo forman un conjunto armónico.
Pues bien, eso es lo que deberían ser los poderes del Estado. Cada uno destinado a realizar su función, ejerciéndola con independencia pero sin colisionar con la correspondientes a la de los otros poderes.
Pero, por desgracia, ese sistema ideal resulta cada vez más inaplicable, sobre todo en España, cuando los tres poderes quieren ser (o son) controlados por los partidos políticos con una única intención: gobernar sin cortapisas y sin el control de nadie. Es desear la vuelta a una monarquía absolutista donde el Rey son los órganos de gobierno de los partidos políticos.
Para poder tener unos verdaderos poderes del Estado, independientes para el ejercicio de sus funciones, sería necesario que ninguno se entrometiera ni en sus funciones, ni mucho menos en su composición o nombramiento.
Partiendo de lo que indica nuestra Constitución en su primer artículo de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado, lo ideal sería que el presidente de gobierno (con Jefe de Estado independiente o en régimen presidencialista) fuese elegido directamente por el pueblo (como ocurre en Estados Unidos o Francia, entre otros) no por el Parlamento, donde sí ocurre que el poder legislativo nace de la soberanía popular, tras las elecciones al Parlamento. Pero donde definitivamente surge el gran problema es cuando se trata del Poder Judicial, pues nace la tentación de todo político de controlar todo el poder, cuando lo lógico sería que también naciera de la misma soberanía nacional que ostenta el pueblo español.
Pero claro, cuando la elección de los legisladores se hace en unas listas cerradas, donde el elegido sólo responde ante el partido que lo propone y el presidente de gobierno sale de los votos de esos constreñidos parlamentarios, resulta que no hay ya división de poderes, pues el ejecutivo y el legislativo se funden en uno, con la tentación, como estamos viendo, de también controlar el Judicial en base al mismo reparto proporcional a los votos obtenidos, pero respondiendo, igualmente, sólo ante el partido político que lo designa.
La soberanía nacional radicante en el pueblo español, finalmente, sólo tiene la oportunidad de pedir cuentas cuando hay elecciones al Parlamento, y siempre mediatizadas por las siglas del partido político, quien ya le ha indicado las personas que le han de representar, les gusten o no.
En definitiva, cada vez los poderes del Estado no es que se acerquen entre sí, sino que han acabado colisionando hasta el punto de quedar difusa su creación, pues todos tienen una mezcla que parte de la pertenencia, directa o indirecta, a unas siglas que es donde realmente se cuece quién ejerce esos poderes, con independencia de la valía personal y el respaldo del pueblo, que, supuestamente, es quien los nombra.
Por desgracia esa colisión ya se ha producido y ha desaparecido la división de poderes, así que no nos preocupemos por la designación de los vocales del Consejo del Poder Judicial pues como pueblo no podremos hacer más que esperar a ver cómo se reparten la tarta los partidos políticos, en lugar de elegir a los mejores de la Carrera Judicial para su gobierno, ya que no es el pueblo quien puede elegirlos por sus méritos.
¡Ah! Y dejen ya de hablar del nombramiento de los vocales del Consejo en los autobuses que se han puesto muy pesados y están agobiando a nuestros políticos que no son capaces de repartirse el pastel.