Vida (2)

A mediados de enero del presente año reflexionaba en voz alta sobre el aborto como consecuencia de la polémica suscitada por la propuesta de dar mayor información a la mujer antes de decidir sobre su práctica.

En aquél momento aún no se había cambiado la composición del Tribunal Constitucional, pero ya se preveía que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de enero, conocida como la Ley Zapatero sobre el aborto, acabaría siendo validada por dicho Tribunal ante el cambio de mayorías de miembros de izquierdas (me niego a llamarlos progresistas) que se vislumbraba.

Se han tardado 13 años en dar una respuesta por el Tribunal Constitucional a la cuestión. Lo curioso es que durante esos 13 años, en los que durante un importante periodo de tiempo, supuestamente, ha existido una mayoría conservadora, se ha sido incapaz de resolver el recurso, ahora, lo primero que ha hecho el Tribunal Constitucional, a los pocos días de su renovación ha sido dar respuesta (que no digo resolver, pues falta conocer sus argumentos) a la cuestión de inconstitucionalidad de dicha Ley, declarándola acorde con la Constitución.

Lo primero que me llama la atención es que la resolución de este caso se haya empezado por el tejado. Sí, efectivamente, lo primero que ha hecho el Tribunal Constitucional ha sido acordar el Fallo, para a continuación, designar un nuevo ponente y que éste dé forma jurídica a dicho Fallo. Se supone, en buena técnica jurídica (si queremos creer en la imparcialidad y no arbitrariedad de las resoluciones judiciales), que antes de llegar al Fallo de la Sentencia, se deberán tener presentes los argumentos de hecho y de derecho que lleven a él.

Nunca he pensado que el Tribunal Constitucional fuese realmente un Tribunal de Justicia, por la forma en que se designa a sus Magistrados, y ahora ya me queda absolutamente corroborado. Más que Tribunal Constitucional debería denominarse Comisión Parlamentaria y Gubernamental para la Interpretación de la Constitución, pues ya vemos que eso irá por barrios en función de quién tenga las mayorías y no en función estrictamente jurídica, siendo más un Tribunal Político que un Tribunal de Justicia.

Pero, en segundo lugar, y quizás más que lo anterior, lo que me ha sorprendido es la actitud en todo este tiempo del PP.

Cuando se aprobó la Ley Zapatero sobre el aborto, el PP, de forma inmediata acudió al Tribunal Constitucional a recurrirla, entendiendo que existían preceptos, concretamente los artículos 12 (garantía del acceso al aborto), 13.4 (acceso al aborto sin necesidad de complemento de su consentimiento a las menores de 16 y 17 años) y 14 y 15 (fijaban los plazos de 14 semanas para el aborto sin causa y hasta las 22 semanas en aquellos supuestos ya admitidos de riesgo para la vida o salud de la embarazada, graves anomalías o enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto), que infringían, según dicho recurso, el artículo 15 de la Constitución que garantiza el derecho a la vida (lo que fue objeto de mi anterior reflexión, a la que me remito).

Pues bien, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en un primer mandato (Diciembre 2011- Octubre 2015) con 186 escaños detrás de él y en un segundo (Julio 2016-Junio 2018), ya con 126 escaños, con un periodo intermedio en interinidad, donde, como digo, supuestamente, había una mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional, ni se fue capaz de resolver el recurso declarando su inconstitucionalidad, ni, lo que es más grave, se procedió a modificar una Ley que había sido recurrida por inconstitucional, más allá de la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, al final de ese primer gobierno con mayoría absoluta parlamentaria, en el que se limitó a suprimir el derecho a abortar sin el consentimiento de padres a las menores de 16 y 17 años, dejando todo lo demás en vigor.

Ahora, cuando el Tribunal Constitucional ha adelantado su Fallo sobre la constitucionalidad de la norma de Zapatero, Núñez Feijóo casi, o sin casi, aplaude la resolución del Tribunal Constitucional, imagino porque, por fin, se siente aliviado de tener presentado un recurso en el que no creía, aparentando defender una postura con la que se mantenía engañada a una buena parte de su electorado, que está absolutamente en contra del aborto, o al menos, en contra del aborto por plazos, sin ninguna causa, como venía siendo hasta 2010.

Al menos a mí no me vale que el espectro de votantes del PP es muy amplio y que hay de todo, como excusa para no oponerse al aborto, existiendo muchos y seguros medios anticonceptivos para aquellos que no quieran tener hijos.

No, hay materias que se apoyan o se niegan, en las que no caben medias tintas y una de ellas es el derecho a la vida, en la que como terminaba aquella reflexión de enero, no se puede morir solo un poquito.

Sin embargo, los defensores del aborto sí que actúan rápido y ya a finales del pasado año dieron una vuelta de tuerca más e incluyeron como delito (art. 172 quater del Código Penal) las supuestas coacciones a quienes quieran abortar, por hechos tan silenciosos como rezar.

Y ahora viene más, en el proyecto que está a punto de aprobarse se vuelve a incluir la capacidad para decidir el aborto en menores de 16 y 17 sin necesidad de consentimiento de los padres, así como la supresión de recibir información sobre ayudas a la maternidad o los tres días de reflexión tras dicha información, así como, si había poco, y por eso la Ley vuelve al Congreso, por la modificación introducida en el Senado por el PSOE, consecuencia de lo ocurrido en Castilla y León, de impedir que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo se vean sometidas a prácticas no científicas para condicionar su decisión, como escuchar el latido del corazón del feto o ver una ecografía 4D, vaya a ser que vean que, de verdad, es un ser humano lo que hay en su interior.

Lo que me ha quedado claro es que si el PP llega de nuevo a gobernar nos podemos despedir de que vayan a acabar con aquello que entendían inconstitucional cuando estaban en la oposición y que el aborto se queda sí o sí.