Coherencia, conciencia y disciplina de voto
Los españoles, en el año 1978, nos dimos una Constitución que, de modo ejemplar, reestableció la convivencia de «las dos Españas» y que ya en su preámbulo sostenía que la Nación española se la daba con el deseo de establecer la justicia, la libertad y la seguridad, garantizando la convivencia democrática dentro de la Constitución y de la leyes conforme a un orden económico y social justo, consolidando un Estado de Derecho que asegurase el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
En su artículo 9 somete a ciudadanos y a poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, imponiéndoles la obligación de establecer las condiciones para la efectiva libertad e igual del individuo y de los grupos en la integran.
La Constitución, evidentemente, no ampara el cambio legislativo a gusto de las intenciones particulares de ningún grupo político y en perjuicio de la igualdad de todos los españoles.
En estos últimos días, como consecuencia de las ocultas (o no tanto) conversaciones que el PSOE viene manteniendo con grupos políticos independentistas (dirigidos por quienes han sido condenados por terrorismo y sedición), se viene hablando de concesiones que rompen, abiertamente, el espíritu de la Constitución de 1978, como la aprobación de una ley de amnistía (con todo su significado) y unas dádivas económicas mil millonarias.
Pero ello no es más que la continuidad de algo que se ha venido ejecutando en los últimos años, donde el Partido de Pedro Sánchez (tengo la esperanza -infundada y excesivamente optimista, lo sé- de que queden aún socialistas de verdad dentro de dicho partido) ha venido vendiendo y subastando España por parcelas con la única finalidad de mantenerse en el poder y con la única intención de enfrentar más y más a los españoles, con la intención de tener el argumento de que «viene la derecha» para que todas sus tropelías se olviden y no le sean tenidas en cuenta. Con acusar de ello al contario, es suficiente.
Cierto, también, es que estamos escuchando a algunos socialistas, de gran calado político y de solvencia demostrada, criticar estas actitudes y negociaciones, llegando incluso a alguno (léase Nicolás Redondo) a costarle su militancia en el partido, cuando lo único que ha hecho es sostener lo que no hace muchas fechas se sostenía desde la dirección de ese mismo partido, pero que ahora, por motivos espúreos, no les interesa y no quieren voces críticas ¿Dónde está el derecho de libertad de expresión? ¿Dónde el debate interno? Se camufla dicha decisión o se critica a quienes se muestran contrarios a los cambios de opinión (o mentiras) en la acusación de deslealtad, gravemente confundida con el sometimiento a la voluntad del líder (que es otra cosa denominada dictadura).
Pero, en ese punto de contradicción sólo se ven a políticos que han abandonado la primera línea, con la excepción del Presidente de Castilla-La Mancha, Sr. García Page, quien es digno de un comentario aparte.
Nos estamos acostumbrando a escuchar a García Page criticar y oponerse a las decisiones del Gobierno de la Nación y de la dirección de su partido, en cuestiones de peso en la convivencia de los españoles y en el sostenimiento del régimen democrático y derecho del Estado español. Pero, casualmente, sólo lo escuchamos en los medios de comunicación, pues jamás realiza una actuación coherente con dichas manifestaciones que dice son de conciencia. No sólo se miente cuando se falta a la verdad, sino también cuando se dice una cosa y se hace la contraria, que en esos casos, en política, se llama demagogia.
Es verdad, que el Sr. García Page no puede votar en el Congreso para la aprobación de esas leyes que tanto critica, ni tampoco puede (ni debe) ordenar a aquellos compañeros de partido, que están «bajo su disciplina» en la Comunidad Autónoma que preside, a votar en determinado sentido, pero sí tiene obligación, si es real lo que piensa y expresa, a llamar a cumplir el mandato constitucional de que todos los diputados voten con arreglo a su conciencia.
No se puede olvidar que el artículo 67 de la Constitución establece que los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo. Por tanto, cuando se habla de «disciplina de voto» estamos hablando de algo que atenta, directamente, a los mandatos constitucionales y que condiciona la libertad de conciencia y el mandato representativo que los diputados y senadores reciben de sus votantes, a quienes, en sus programas electorales les han prometido, y se han comprometido, a la defensa de unos principios y de sus intereses.
¿Están seguros los diputados del PSOE y de SUMAR (o de toda la sopa de letras que lo componen) de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, etc. ... que sus votantes están de acuerdo con la amnistía a favor de quienes pretenden una total desigualdad con ellos? ¿Seguro que sus votantes les han concedido su representación para condonar miles y miles de euros a Cataluña, o de favorecer con medidas económicas al País Vasco, a costa de andaluces, extremeños, castellanos, etc.?
Estoy completamente convencido de que gran parte de ellos no están de acuerdo en conciencia con ello, pero fuera del partido hace «mucho frío» y pocas posibilidades de encontrar un trabajo con tanto reconocimiento y salario, por lo que «venderán» su conciencia y a sus votantes por un plato de lentejas.