La investidura de Sánchez ya tiene precio: 560.000 millones
Le puede costar casi 38.000 euros a cada familia española, salvo a catalanes, vascos y navarros
La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”
En los últimos días estamos siendo testigos de innumerables atropellos legales, económicos y el más importante, el atropello a la libertad. Los medios se hacen eco de cómo las masas inundan las calles reivindicando sus derechos fundamentales y el marco legal constitucional que el ejecutivo quiere romper «por la puerta de atrás». Verdaderamente no somos en realidad conscientes del momento en el que estamos y no solo eso, sino que, además, esta situación puede significar un punto de no retorno muy profundo y peligroso. Pero, a parte de la amnistía, ¿Qué trato de favor en materia económica ofrece el gobierno en funciones al partido independentista?
En términos económicos el acuerdo entre el PSOE y Junts deja algunas modificaciones de mucho peso y que harán que la financiación autonómica nacional cambie por completo. Las medidas destacables de ese acuerdo son las siguientes;
• Modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción a Cataluña para facilitar la cesión del 100% de todos los tributos que se paguen en Cataluña.
• Facilitar y promover que todas aquellas empresas que cambiaron su sede fiscal de Cataluña a cualquier otro sitio vuelvan de nuevo.
• Ambos partidos están abiertos a negociar que Cataluña se convierta en el tercer fuero de España tras País Vasco y Navarra.
En España como saben, nos encontramos con dos modelos de financiación: el común y el foral. El foral (País Vasco y Navarra) se encarga de recaudar sus impuestos en sus respectivas comunidades y repartirlo en su territorio a excepción de un cupo negociado de forma bilateral con el gobierno de España, que representa los servicios prestados en esas regiones por el Estado.
Por lo tanto, ¿Qué ocurriría si Cataluña cambia el régimen común por el foral? Pues que las comunidades más ricas y que más aportan al modelo de financiación común tengan que realizar un esfuerzo contributivo superior para con las demás comunidades autónomas. Los madrileños tendrían que aportar mucho más dinero vía impuestos para compensar la salida de los catalanes. Un escenario que, sin duda, además de romper el actual modelo, supondría un enorme perjuicio para la economía y finanzas madrileñas. En caso de que no existiera compensación, la financiación del resto de CCAA caería más de un 10% de media.
Los catalanes no se quedan ahí sino que apadrinan el proyecto iniciado por Artur Mas allá por 2012 cuando proponía al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la creación de una Hacienda Propia, lo que supondría un aumento de 20.000 millones de euros para las arcas catalanas en detrimento de la financiación autonómica nacional. Este acuerdo, como no podía ser de otra forma, incluye la condonación de parte de la deuda de la región catalana con el FLA (20% de la deuda acumulada lo que supone 15.000 millones de euros). Aun así, las exigencias venidas de la ciudad condal no quedan ahí. Ya esta semana exigían la condonación total, que ascendería a 73.000 millones de euros.
Por último y, por si fuera poco, en el último punto, los independentistas reclaman al PSOE el pago de la famosa «deuda histórica» que supuestamente tiene el Estado español con Cataluña que, según ellos, ascendería a nada más y nada menos que 465.000 millones de euros. Ahí queda eso: 50.900 millones de déficit en materia de infraestructuras; otros 375.000 millones en partidas sociales; y 30.000 millones en pensiones. Esa sería la deuda que el Estado acumula con Cataluña entre 1982 y 2022, según las estimaciones de los socios independentistas del PSOE. Y ese resarcimiento es lo que se abre también a negociar Sánchez, según el acuerdo alcanzado con Junts.
Por lo tanto, si sumamos la deuda histórica (465.000 millones) más la condonación del FLA (73.000 millones) añadida a los (20.000 millones del cupo) el coste de la investidura de Sánchez con Junts ascendería a un máximo de 560.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, unos 38.000 euros por cada familia, excluyendo los hogares catalanes, vascos y navarros.