Quien a hierro mata...

El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez accedía a la presidencia del Gobierno, gracias a una moción de censura contra Rajoy cuya motivación era la existencia de una trama de donaciones en dinero negro a algunos cargos del PP y la existencia de una caja B en la tesorería del partido. Todo ello era anterior al mandato de Rajoy como presidente del Gobierno, al margen de que no le afectaba como dirigente del partido, pero una referencia improcedente en la sentencia sobre el caso Gurtell, expresando la falta de credibilidad de su declaración testifical, fue la señal aprovechada por Sánchez para argumentar la moción.

Los alegatos sobre la decencia y ejemplaridad de la acción política manifestados, tanto por el candidato Sánchez como por su mano derecha en el partido Jose Luis Ábalos, merecen ser oídos hoy con atención para percatarnos de hasta donde puede llegar la ambición humana para destrozar al adversario y de cómo, en la política actual, resulta de plena actualidad aquella sentencia sobre lo distinto que es predicar y dar trigo.

El caso Koldo es ya un verdadero caso Ábalos y, a no tardar, puede devenir en el caso Sánchez. Si a Rajoy se le censuró porque, como testigo, uno de los tres jueces consideró que no era creíble su declaración (algo que, de ser cierto, debiera haber derivado en una querella por falso testimonio), ¿ por qué hemos de creer que Sánchez era ajeno al trapicheo de su secretario de organización, influyente ministro además, en las andanzas con un asesor de este que Sánchez en su libro lo ponía como ejemplo para la militancia socialista ? Y si era ajeno, o no tenía conocimiento de cómo se enriquecía a costa del erario público, ¿ por qué cesó como ministro, de manera sorprendente e inopinada, a quien había sido protagonista esencial de su carrera política ?.

Hay cosas que el pueblo español difícilmente perdona. La militancia partidaria aguantará lo indecible y disculpará con miles de fintas y falsas justificaciones la corrupción política. Pero el electorado, la gran mayoría de los ciudadanos, no perdona que se meta la mano en la caja. En Andalucía sabemos algo de eso, no en balde el hundimiento del PSOE tuvo su razón fundamental en el escándalo de los ERE falsos y los cursos de formación. La militancia hiperventilada intentó con miles de cantinelas justificar lo injustificable, pero la ciudadanía libre y responsable los puso en su sitio.

Hay datos que ponen de manifiesto aquello de «sálvese el que pueda». Curiosamente, la vicepresidenta primera pretende dar lecciones de dignidad alegando que ella sabe lo que haría si estuviera en el lugar de Ábalos. Pues parece que en Andalucía se le olvidó hacerlo cuando estalló el tema de los ERE y no se inmutó ni pidió a algún responsable hacer lo que sugiere debiera hacer el exministro valenciano. Y además dejó a las arcas públicas andaluzas indefensas, al retirarse del procedimiento como parte perjudicada, lo que imposibilita la recuperación de lo distraído en el escándalo. Sánchez, por su parte, se puede hacer de nuevas, pero no es creíble que no se enterara de los trapicheos de su ministro con el militante navarro ejemplar, ni de la clave de la visita de Delcy a Barajas, de las maletas intercambiadas en la terminal, del cambio de postura sobre Guaidó como presidente de Venezuela, de los cobros del ex embajador de Zapatero de la petrolera de Chaves, ni del rescate por 53 millones de la compañía aeronáutica Plus Ultra en plena pandemia.

El empeño de Sánchez por mantenerse en el poder a cualquier precio le va a pasar factura antes de lo que él y sus allegados se imaginan. Porque más de la mitad de sus votantes repudian la amnistía de la impunidad a cambio de votos. Porque la capacidad para vivir en el engaño, el ventajismo y la contradicción tiene un límite y Sánchez lo está desbordando. Porque Koldo, su militante ejemplar, lo sabe todo como mano derecha de su jefe, el exministro y Secretario de Organización puesto a dedo por el líder de la resiliencia.

Ese afán por manipular las instituciones y los propios textos legales en beneficio de su ambición personal tiene los días contados. Comprar votos a cambio de impunidad, derogar delitos para que lo apoyen los delincuentes, facilitar el desatasco judicial amnistiando para que no haya que indultar a los condenados judicialmente, tal como defiende esa lumbrera que vino de Valladolid, es una tomadura de pelo para cualquier ciudadano que se precie de serlo, porque ofensas a la dignidad y a la tolerancia de tal envergadura no puede soportarla por mucho tiempo más una sociedad libre que respete la igualdad de todos ante la ley.

Esa sociedad no puede seguir aceptando que se premie a los desleales y se castigue a los fieles ciudadanos que cumplen sus obligaciones. Si además se siente manipulada y observa que quienes vinieron predicando contra la corrupción se embadurnan de ella, la sentencia popular será reeditada como tantas veces en la historia: Quien a hierro mata, a hierro muere.