... y los peones , a la cárcel
Las sentencias del Tribunal Constitucional, liberando algunas responsabilidades de los altos cargos del gobierno socialista andaluz que articuló un sistema fraudulento, mediante una partida presupuestaria ajena al control mínimo del dinero público, está originando una amplia polémica sobre si es aceptable que un tribunal de garantías puede o no convertirse en una última instancia jurisdiccional no prevista por el ordenamiento jurídico. Sabios tiene la ciencia jurídica y a ellos corresponde argumentar lo que cada cual tenga por conveniente y acertado. Pero, al común de los mortales, lo que le interesa saber son cosas más simples.
En primer lugar, ¿hubo o no distracción fraudulenta del dinero público?. Parece inequívoca la conclusión afirmativa. Y basta recordar como una madre jienense presumía de que su hijo, conocido benefactor socialista, «tenía dinero hasta para asar una vaca». Y allí, por las zonas geográficas de El Pedroso, todo el mundo recuerda como un significado socialista presumía de poder disponer del dinero que quisiera y a quien le diera la gana, porque disponía del mismo «como le saliera de sus c….».
En segundo lugar, es innegable que todo el mundo en Andalucía conoce casos, personas o situaciones arbitrarias acaecidas en sus proximidades, donde siempre eran agraciadas personas próximas al socialismo gobernante. Y a estos ciudadanos, ya les pueden contar milongas que lo único que quieren saber es si se han recuperado o no los cerca de setecientos millones de euros birlados, en beneficio partidario, al común del pueblo andaluz.
En tercer lugar, al margen de criterios jurídicos sobre la responsabilidad de los políticos al impulsar y aprobar leyes fraudulentas, lo que ha quedado judicialmente acreditado y probado de forma indubitada es que se han desviado muchos millones de euros que estaban destinados a los parados andaluces, dedicándolos para la compra de voluntades mediante una red clientelar y, en algunos casos, para mariscadas, juergas y cocaina. Esta es una realidad que solo una cara dura muy desvergonzada puede pedirnos a los andaluces que pidamos perdón por haber cuestionado algo suficientemente acreditado.
Y por último, están legitimados todos los que opinan que el Tribunal Constitucional, en el fondo, lo que hace es blanquear al Gobierno sanchista, ante las reclamaciones que a este puedan hacerle los suyos reclamándole un trato como el dispensado a los golpistas catalanes. Y Sánchez, en vez de tener la valentía de indultar o amnistiar a sus fieles andaluces, ha ocupado el TC con ex altos cargos de gobiernos socialistas y simpatizantes que sigan sus directrices, aunque para ello esté provocando una grave crisis institucional de nefastas consecuencias.
¿Y cual es el final de todo esto? Para el pueblo llano algo que entiende perfectamente: la vuelta a un nuevo caciquismo porque, al fin y al cabo, van a quedar libres los que urdieron la trama, es decir los políticos de alto rango. Y los capataces, los peones y los mandados se pudrirán en la cárcel por cumplir las directrices que los nuevos señoritos les marcaban. Porque esta es la conclusión de las defensas: que solo malversaron quienes aplicaron a otros destinos el dinero, y quedan exonerados los políticos que montaron el sistema sin controles y en contra de las advertencias del Interventor de la Junta. Nada nuevo en esta Andalucía víctima de las cacicadas que permitieron a algunos gozar del poder durante cuarenta años. Los presidentes, los consejeros y los altos cargos en libertad. Los capataces, los peones y los gregarios, a la cárcel. Este es el final de una triste historia.