Fiscales imputados, jueces querellados y Sánchez en la cuerda floja

¡Ay, las instituciones españolas! Si ya pensábamos que no podían caer más bajo, la última semana nos ha demostrado que siempre pueden ir más allá. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acaba de hacer historia al ser el primer fiscal general imputado en de nuestra querida democracia. Un hito, sin duda, aunque no exactamente el tipo de récord que uno querría llevarse a casa. Y para añadirle más emoción a este teatro institucional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado. ¡Qué nivel!

Empecemos por García Ortiz. Resulta que el hombre, en su celo por defender a la Fiscalía, no se le ocurrió mejor idea que hacer pública información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal, cuyo protagonista no es otro que el novio de Isabel Díaz Ayuso. Sí, esa misma, que casualidad y que oportuno que quieran filtrar información comprometedora de alguien cercano a ESA persona tan odiada por nuestro entrañable lider. ¿Y qué hizo el fiscal? Pues desvelar datos bajo secreto de sumario en una nota de prensa, como si estuviera jugando al periodista sensacionalista. Es más, a Pedro Sánchez esto no le pareció mal, y no dudó en salir a defender a su querido fiscal como si de un caballero medieval se tratase. Porque claro, en esta España de trincheras, si el enemigo es de derechas, todo vale.

Aquí la cuestión es que no se trata solo de una disputa política; lo que tenemos entre manos es una peligrosa mezcla de incompetencia y arrogancia en la gestión de nuestras instituciones. Es preocupante ver cómo el Gobierno, en lugar de guardar las apariencias y actuar con la mínima decencia institucional, prefiere embarcarse en una defensa a ultranza de alguien que ha cometido, supuestamente, un delito. Porque eso es lo que se le imputa al fiscal general, ni más ni menos: haber violado la ley al divulgar información reservada. Pero, ¿qué más da? Si todo esto puede presentarse como un ataque de la «derecha reaccionaria», entonces, adelante con los faroles.

Mientras tanto, el pobre juez Peinado, que se atrevió a tocar las puertas de La Moncloa para tomarle declaración a Sánchez, ha terminado en el ojo del huracán. ¿Y cuál ha sido la reacción del presidente? Usar a la abogacía del estado para presentar una querella por prevaricación, claro. ¡No vaya a ser que los jueces se crean que pueden hacer su trabajo sin consultar primero con los señores de Moncloa! Pero, sorpresa, el Tribunal Superior de Madrid ha tumbado la querella, dejando a Sánchez con cara de circunstancias y a la propia Abogacía del Estado completamente desprestigiada en otra crisis institucional más. Porque, sí, en un país serio, que un juez cite a declarar al presidente del Gobierno no debería ser motivo de querella, sino parte de la normalidad democrática.

El espectáculo es grotesco. El Gobierno de Sánchez parece estar en guerra contra todo aquel que se atreva a desafiar su control sobre las instituciones. Y no es que lo disimulen demasiado, porque en el caso del juez Peinado, todo apesta a una vendetta personal por haberse atrevido a incomodar a los ocupantes de La Moncloa. El propio juez fue a tomar declaración a Sánchez por un asunto que involucra a su esposa, Begoña Gómez, y claro, Sánchez decidió no declarar. Lo esperable, sí, pero luego vino el berrinche: «¡Prevaricación!», gritaban desde el Gobierno. Pero el Tribunal ha dicho que no hay caso, que esto es parte del trabajo de un juez, aunque a Pedro no le guste.

Y aquí estamos, los ciudadanos, observando este circo desde las gradas, preguntándonos si algún día nuestras instituciones dejarán de estar al servicio de los intereses particulares de quienes las manejan. Porque mientras Pedro Sánchez se dedica a pelear con los jueces que osan investigarle a él o a su círculo, la Fiscalía parece haberse convertido en una especie de brazo ejecutor de las venganzas políticas del Gobierno.

Este clima de guerrilla institucional solo hace que los ciudadanos perdamos la poca confianza que nos queda en nuestros dirigentes. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Una querella contra el Tribunal Constitucional por atreverse a interpretar la ley de manera diferente a como lo haría Sánchez? Quizá deberíamos empezar a acostumbrarnos a que el Gobierno trate a la justicia como un molesto obstáculo en su camino hacia el poder absoluto.

Lo que está claro es que mientras el fiscal general se tambalea y el juez Peinado se defiende de los ataques del Gobierno, el gran perdedor de todo esto es el ciudadano común. Porque al final, mientras Sánchez y sus acólitos juegan a las batallas judiciales, la justicia de verdad, la que debería velar por nosotros, queda relegada a un segundo plano. Y eso, amigos, es lo más peligroso de todo.

Así que, aquí seguimos, en esta España de torres inclinadas y fiscales tambaleantes, donde los jueces que se atreven a actuar son querellados y los fiscales que cometen delitos son defendidos por el Gobierno. ¡Viva la justicia! O, mejor dicho, ¡viva el show!