El final de la «omertà»

En el código de honor de la mafia siciliana se prohibía informar sobre actividades delictivas de sus miembros: era la ley del silencio, la «omertà». Victor de Aldama ha decidido romper la «omertà» sobre sus actuaciones contrarias al código penal, abriendo el abanico de posibles imputados a personajes determinados del sanchismo gobernante, empezando por su propia cabecera. Aldama no niega su responsabilidad, pero no está dispuesto a sufrir sus consecuencias en solitario.

En una entrevista con El Mundo en 2015, Pedro Sánchez dijo literalmente: «he vuelto a la política para liarla». Casi diez años después nadie en España duda de que haya conseguido su propósito. La España de hoy es, en términos políticos, un patio de monipodio donde los delincuentes redactan leyes que les libran de la cárcel y los separatistas deciden en beneficio propio a costa del interés general, mientras los honrados y leales a la nación española son sometidos a una persecución personal y a un atraco a su bolsillo para satisfacer, vía impuestos, las hipotecas firmadas por quien no tiene más norte que la ostentación del poder.

La decisión de liarla debió tomarla Sánchez en sus largas caminatas por toda España para convencer a la militancia socialista de que su mejor futuro vendría con él y con quienes le acompañaban: los cuatro del Peugeot, Abalos, Koldo, Cerdan y Sánchez. Los dos primeros ya están encausados, los dos últimos están bajo sospecha. Muchas de las cosas que se van conociendo pudieron urdirla en las largas horas que compartieron a bordo del Peugeot para convencer a unos militantes que, como dijo un alto dirigente socialista, darían su apoyo «a quienes mayores disparates argumentaran», es decir, a una militancia prisionera de la demagogia más primaria. De ahí la deriva populista en que ha devenido el otrora partido socialista que modernizó España y que expulsó a Sánchez de su ejecutiva cuando trampeó con papeletas y urnas escondidas.

La realidad del momento es la que la UCO calificó a Aldama como el «nexo corruptor» de una organización criminal de la que podrían formar parte los cuatro del Peugeot, algunos ministros y personas próximas a ellos. Sin duda que Aldama tendrá que demostrar sus acusaciones pero no es menos cierto que, ante posibles hechos constatables, contradecirlos sería una tarea más difícil que copiar una tesis doctoral, hacer lo contrario de lo que se prometió o traicionar a un país sometiendo su futuro a quienes quieren destruirlo. El doctor de la mentira puede haberse encontrado con la horma de su zapato, y de entrada Aldama ya ha proclamado que si Sánchez quiere pruebas las tendrá. Ya veremos como se defiende el fullero que volvió a la política para liarla.

Sánchez ha calificado a Aldama, para desacreditar sus acusaciones, como presunto delincuente, es decir, tan presunto delincuente como su esposa, su hermano o su fiscal general. La triste realidad es que quien ocupó la presidencia del Gobierno en nombre de la decencia y como azote de la corrupción, ha convertido a España en un país putrefacto convertido en un prostíbulo donde todo se compra y se vende para mayor gloria del jefe del negociado, ese que los de la trama llaman «el 1».

El último dique para frenar la impostura y restablecer el honor y la dignidad de una nación está, otra vez y ya son muchas en la democracia, en el poder judicial, ese que Sánchez no ha conseguido domesticar y no por falta de maniobras para someterlo. En manos de la Justicia están las pocas esperanzas de quienes se niegan a que se convierta nuestro país en una republica bananera al estilo de los populismos hispanoamericanos que tanto gustan a Zapatero y a Sánchez, amantes ambos de la negociación con delincuentes y prófugos de la Justicia, para vergüenza y oprobio de una ciudadanía decente.

Las normas no escritas de la mafia dictaban que, si se rompía la ley del silencio con la «omertà», se quitaba de en medio al infractor, un riesgo para la seguridad de Aldama que las desenfrenadas redes sociales anotan de forma excesivamente frívola e irresponsable. Sería la peor noticia para alejarnos definitivamente de los cánones del civismo propios de los sistemas democráticos, cada vez más alejados en la forma de comportarse un sanchismo que se conduce con crecientes tintes autócratas, más acusados desde que dijo aquello de que gobernaría «con o sin apoyo parlamentario».