La reiteración de Decretos Leyes rechazados
Un ataque a la separación de Poderes y al equilibrio democrático
El decreto ley, como instrumento normativo del poder ejecutivo, es (o debería ser) un recurso excepcional y condicionado en los sistemas democráticos. En España, el artículo 86 de la Constitución Española establece que solo puede ser utilizado en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, en la práctica, este mecanismo ha sido objeto de abusos (de forma extraordinaria con el actual gobierno social comunista), convirtiéndose en un recurso recurrente para legislar en contextos ordinarios.
Un caso especialmente controvertido es la reiteración de decretos leyes que, habiendo sido rechazados por el Congreso de los Diputados, son reintroducidos con modificaciones mínimas o cosméticas, como con el decreto ómnibus recientemente rechazado por el Congreso de los Diputados parece querer sacar a toda costa el orgullo desmedido del aspirante a autócrata que preside el Gobierno de la Nación.
El artículo 86.2 CE exige que, una vez dictado un decreto ley, este sea sometido a convalidación o derogación por parte del Congreso en el plazo de 30 días. Este control parlamentario tiene como objetivo garantizar el equilibrio de poderes y evitar que el ejecutivo legisle de manera unilateral y permanente. En palabras del Tribunal Constitucional, el decreto ley es una «norma de urgencia que no sustituye al procedimiento legislativo ordinario».
En este contexto, el rechazo de un decreto ley por el Congreso debería ser interpretado como una manifestación clara de la voluntad popular representada por los diputados. Reiterar la aprobación de un decreto ley similar, sin atender las razones del rechazo inicial, supone una burla al sistema democrático y una desnaturalización del procedimiento legislativo.
Pedro Sánchez nos amenaza con volver a aprobar, sin ninguna modificación, el decreto ómnibus rechazado por el Congreso, porque ¿cómo se atreven a no darme la razón? Y así hasta que se apruebe como el quiere. Esta práctica plantea serios problemas constitucionales y políticos:
1. Vulneración de la función del Congreso: El rechazo de un decreto ley por el Parlamento debería implicar la inadmisibilidad de insistir en las mismas medidas sin un cambio sustancial en las circunstancias o en el contenido normativo.
2. Uso fraudulento del artículo 86 CE: El TC ha señalado que el decreto ley no puede ser un instrumento para eludir los procedimientos legislativos ordinarios. Sin embargo, la reiteración de decretos leyes rechazados muestra un uso instrumental y abusivo de este mecanismo para imponer la agenda del ejecutivo, pero ¿podemos confiar en este TC para este control? No hace falta respuesta es sólo una pregunta retórica.
3. Inseguridad jurídica: La reiteración sucesiva de decretos leyes genera incertidumbre en los operadores jurídicos y en los ciudadanos que socava la estabilidad normativa y afectan al principio de seguridad jurídica reconocido en el artículo 9.3 CE.
El Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad de actuar como garante de los principios constitucionales, incluyendo el equilibrio de poderes, pero ya les digo que no esperen que el actual TC vaya a defender otra cosa que no sea a su valedor y olvidara que el artículo 23 CE consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.
El uso reiterado de decretos leyes por parte del gobierno actual evidencia una preocupante tendencia hacia la concentración de poder en el ejecutivo. Esta estrategia legislativa refleja una falta de respeto por el proceso democrático y la pluralidad parlamentaria, especialmente en un contexto de fragmentación política donde el consenso debería ser prioritario.
Además, esta práctica se ve agravada por una justificación deficiente de la «extraordinaria y urgente necesidad» en muchos de estos decretos leyes. En lugar de utilizar este instrumento para responder a situaciones excepcionales, el gobierno lo ha convertido en un mecanismo habitual para sortear la oposición parlamentaria.
La reiteración de decretos leyes rechazados constituye una práctica preocupante que socava los principios fundamentales del sistema democrático y la separación de poderes. Aunque el decreto ley es una herramienta legítima en circunstancias excepcionales, su uso indebido por parte del gobierno actual refleja una deriva hacia la concentración del poder en el ejecutivo y una falta de respeto por el control parlamentario. Es esencial reforzar los límites constitucionales y promover una cultura política que priorice el respeto a las instituciones y el diálogo democrático. Solo así se garantizará la estabilidad y legitimidad del Estado de Derecho en España.