El recibo de la basura supondrá 12 euros más al año en las casas de la provincia de Córdoba

El presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado este miércoles la subida en la tasa de recogida de basura para las viviendas de la provincia, un incremento que a partir de 2025 será de un euro más al mes, es decir, 12 euros al año. Esta medida busca cubrir los 5 millones de euros necesarios para cumplir con la Ley 7/2022 de Economía Circular, que establece la obligación de implementar el «quinto contenedor» de residuos orgánicos, en cumplimiento con la directiva europea y también garantizar la viabilidad económica de Epremasa, la empresa provincial de gestión de residuos.

Como ha reiterado en varias ocasiones el presidente de la Diputación de Córdoba la necesidad de implantar este nuevo contenedor para residuos orgánicos(a partir de abril de 2025) ha sido una de las principales causas de esta subida. La normativa europea, si bien es ambiciosa en cuanto a sostenibilidad ambiental, no incluye explícitamente una tasa para su financiación, sino que deja en manos de los Estados miembros los planes de gestión de residuos. Según ha explicado Fuentes, «el Gobierno central, en lugar de crear un impuesto homogéneo para todo el país que financiara esta medida, ha transferido la carga a los ayuntamientos, quienes deben aplicar esta tasa como mejor consideren». Esto ha llevado a que en cada comunidad se adopten criterios de cálculo diferentes, lo que se prevé generará conflictos jurídicos por la falta de uniformidad.

Epremasa, de la quiebra a la estabilización

A todo esto hay que añadir que el escenario que se encontró el actual equipo de gobierno hace un año en la empresa municipal de residuos no era el más optimista. Fuentes ha explicado que Epremasa cerró el ejercicio de 2023 con un déficit de 7 millones de euros. Para el año 2024, este déficit habría ascendido a 9,6 millones si no se hubiera optado por una subida de la tasa en torno al 40 por ciento como «medida de choque» para salvar las cuentas de la empresa, según indicó. «La situación en 2024 era insostenible debido a la bajada de ingresos por la venta de residuos y a la presión fiscal de un nuevo impuesto al vertedero. Estábamos al borde de la quiebra», ha señalado. La subida del 40 por ciento, combinada con una inyección de 2 millones de euros desde la Diputación para amortiguar el impacto del déficit, permitió cerrar el ejercicio de 2024 con equilibrio financiero.

En cuanto a las inversiones previstas para 2025, Fuentes ha detallado que se destinarán 11,5 millones de euros a la construcción de nuevas infraestructuras de compactación y estaciones de transferencia en distintos municipios de la provincia. Estas actuaciones, necesarias para adaptar la gestión de residuos a los estándares de sostenibilidad ambiental, incluirán la instalación de torres de compactación en Peñarroya-Pueblonuevo, Montoro, Nueva Carteya y Rute, así como una nueva estación de transferencia en el Alto Guadalquivir. Además, el proyecto contempla la compra de maquinaria y materiales necesarios para mejorar la eficiencia en el procesamiento de residuos.

Más inversiones

Por otra parte, se ampliará y modernizará el Complejo Medioambiental de Montalbán que cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros, a los que se añadirán 18 millones de fondos europeos y de la Junta de Andalucía. Esta inversión permitirá aumentar la capacidad de tratamiento de residuos y convertir la planta en una referencia en sostenibilidad ambiental a nivel europeo. También se destinarán fondos a la adquisición de 1.500 contenedores de reposición y cubrecontenedores para proteger los residuos de bioresiduos, con una inversión adicional de 650.000 euros en Montoro y 795.000 euros en contenedores soterrados.

Según Fuentes, el quinto contenedor representa un «esfuerzo importante» por parte de los usuarios de la provincia, quienes verán reflejada en sus facturas esta nueva tasa obligatoria que los ayuntamientos deben trasladar íntegramente a los ciudadanos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha calificado esta medida como un «basurazo» y ha alertado de que la Ley 7/2022 ha sido transferida de forma deficiente, generando inestabilidad y posible litigiosidad entre los municipios. El presidente de la Diputación ha señalado que la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local ha manifestado que esta normativa «técnicamente deficiente» provocará más impugnaciones que el impuesto de plusvalía, tumbado por el Tribunal Constitucional en 2021.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha destacado que Córdoba mantiene una tasa de recogida de basura de 142 euros anuales por vivienda, mientras que la media andaluza se sitúa en 155,58 euros, lo que evidencia la «moderación fiscal» que han procurado, a pesar de los esfuerzos por cumplir con una legislación «mal aplicada y transferida» y que podría haberse gestionado, a su juicio, «de una manera más justa y homogénea».