Satse recuerda que la Ley de Seguridad del Paciente es «viable, flexible y positiva para todos»

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha trasladado a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) que la Proposición de Ley de Seguridad del Paciente «está abierta a cambios y aportaciones que flexibilicen su contenido y plazos de implementación». Por ello, el sindicato no entiende «su empeño en que no salga adelante y confía en que su rechazo no se base solo en una cuestión de índole económica».

Satse insiste en que, como ya trasladó hace meses su presidenta, Laura Villaseñor, a los grupos parlamentarios durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad, la Proposición de Ley establece unas ratios pacientes/enfermera que la ley podrá prever su flexibilización y ajuste a las necesidades específicas de cuidados en cada ámbito asistencial, unidad o servicio durante su tramitación parlamentaria.

La organización sindical, impulsora de la Proposición de Ley a través de una ILP que logró más de 660.00 firmas de ciudadanos, también se ha mostrado dispuesta a que se acuerde un periodo de implementación que dé tiempo a planificar y disponer adecuadamente de los recursos correspondientes. Todo ello, además, «desde el respeto a la autonomía de gestión de los servicios de salud autonómicos y de los propios centros», añade.

«Argumentos interesados»

Estos aspectos que, en aras a buscar siempre el diálogo y el consenso, también se han trasladado en distintos contactos a los responsables de la patronal de la sanidad privada de España. De ahí la extrañeza de Satse a que ASPE vuelva a asegurar que la norma es «inviable», aportando, además, argumentos «parciales, demagógicos e interesados», afirma.

La Proposición de Ley de Seguridad del Paciente fue tomada en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados celebrado el pasado 10 de diciembre con el apoyo prácticamente unánime de los grupos parlamentarios (316 votos a favor).

«El mismo talante negociador y abierto al diálogo y consenso demostrado por los partidos es lo que esperamos también de la patronal de la sanidad privada para lograr la mejor Ley para todos», subraya.

Competencias

En lo que respecta a que la norma puede invadir competencias de las comunidades autónomas, Satse resalta que «la ley no establecería unas ratios exactas de pacientes por enfermera, sino unos criterios mínimos que podrán ser flexibilizados y adaptados en función del tipo de unidad o ámbito asistencial, siendo cada comunidad autónoma la que podrá configurar las plantillas adaptándolas a estas necesidades».

También recuerda que ya existen otras normas que regulan ratios sobre diversas materias, no solo sanitarias, cuyas competencias también se encuentran transferidas a las autonomías, como es el caso de la ley que, en el ámbito educativo, establece un número máximo de alumnos por aula.

Otro argumento esgrimido desde ASPE es que la Ley no cuenta con memoria económica, ante lo que Satse puntualiza que una Iniciativa Legislativa Popular no requiere la presentación inicial de una memoria económica. Esta deberá ser incorporada por el Gobierno, cuando llegue el momento, al Proyecto de Ley que elabore definitivamente la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Déficit de plantillas

De otro lado, Satse coincide con la patronal en que España «tiene un déficit estructural de plantillas enfermeras, pero no comparte que, para solucionar este grave problema, se propongan soluciones arriesgadas como la de recurrir a otro tipo de categorías laborales, como las TCAE, cuya formación corresponde a una formación profesional de primer grado, para que, sin más, desempeñen funciones y competencias propias de las enfermeras que tienen una titulación de grado universitario».

Para el sindicato, «es una grave irresponsabilidad que se realicen este tipo de propuestas, con las que, además, se demuestra un gran desconocimiento de las funciones y competencias enfermeras, y también es una grave falta de consideración hacia la profesión enfermera».

«Esta propuesta de ASPE, sin lugar a duda, sería más rentable económicamente para las empresas sanitarias, pero obvia la incidencia negativa que tendría sobre la calidad y seguridad asistencial», asegura Satse, reiterando que «el único interés de la norma es mejorar la atención que reciben las personas en los centros sanitarios y sociosanitarios».