Gloria Francis Bulnes, madre de Heidi Paz
El 'Rey del Cachopo' pide poder querellarse contra sus exparejas y la madre de su víctima Heidi Paz
Según su letrada, «en esta caza de brujas han participado demasiados actores, y no se puede permitir la mentira y el daño»
La defensa de César Román, alias el 'Rey del Cachopo, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid autorización para proceder a querellarse contra sus exparejas y la madre de Heidi Paz por supuestas injurias y calumnias durante el juicio celebrado el pasado mes de mayo.
En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la letrada Ana Isabel Peña solicita la pertinente autorización para proceder contra esas personas en virtud de lo que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal al supuestamente vertir injurias en la vista oral.
El tribunal tiene que dar el visto bueno para proteger a quienes han comparecido en un proceso frente a los perjuicios que una causa pudiera originarles como consecuencia de las manifestaciones realizadas o expresiones vertidas en la misma para la defensa de sus intereses y pretensiones.
En concreto, la letrada quiere emprender acciones legales contra la exmujer de Román, Natividad R. P.; su expareja Sara L. S.; la madre de la víctima, Gloria B.; y su exsocio Celestino M.R.
En la parte contraria, la familia de la víctima se ha opuesto en un escrito a la solicitud de autorización al no concretarse los hechos que se les imputan. Su abogado, el letrado Alexis Socias, entiende que lo único que se busca es continuar con una notoria publicidad, siendo a su juicio procedente por su mala fe la imposición de costas en esta actividad procesal.
El texto explica que «la necesidad de obtener licencia del Juez o Tribunal para poder presentar querella por presuntos delitos de calumnia o injuria causadas en juicio es, por tanto, una limitación razonable que opera como garantía del ejercicio efectivo de ese mismo derecho fundamental por parte de terceros».
«La tutela judicial exige que las alegaciones formuladas en un proceso, que sean adecuadas o convenientes para la propia defensa, no pueden resultar constreñidas por la eventualidad incondicionada de una ulterior querella por supuestos delitos atentatorios al honor de la otra parte procesal, que actuaría así con una injustificada potencialidad disuasoria o colectiva para el legítimo ejercicio del propio derecho de contradicción», recoge el escrito judicial.
Agrega que en la presente solicitud piden que se autorice frente a, en algunos casos, «testigos que la propia Sala ha tenido en cuenta a la hora de motivar su sentencia, algo que sería ir contra sus propios actos».
Recurso ante el TSJM
El pasado junio, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Román a quince años de cárcel por el homicidio de su pareja Heidi Paz, cuyo torso se halló el 13 de agosto de 2018 en una de las naves que tenía el empresario para sus negocios de hostelería.
En el juicio, las exparejas del condenado, Sara y Natividad, describieron el perfil violento de Román, al igual que hizo Gloria Bulnes, madre de la joven hondureña de 25 años fallecida.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene sobre la mesa el recurso interpuesto por la abogada de Román por vulneración de derechos fundamentales. En su recurso, se cuestiona la investigación y la valoración de la prueba realizada por el jurado popular.
Pena de 3 años
En un comunicado, la letrada Ana Isabel Peña explicaba que «los delitos que se presentan ante estos hechos son tanto públicos como privados, y van desde el falso testimonio, que consiste en un delito contra la Administración de Justicia, hasta querellas por injurias y calumnias e incluso querella por daños morales como es el caso de Natividad y Gloria».
Según la letrada, «en esta caza de brujas han participado demasiados actores, y no se puede permitir la mentira y el daño no sólo a una persona física, sino incluso a la Administración de Justicia». «Ya es hora de que se imparta Justicia contra los que realmente incurren en ilícito penal», aseveraba.
Manifestó que «el circo montado» por los supuestos testigos de «hechos» van a tener que dar cuenta de su actuación ante los Juzgados de Instrucción, y «si no se retractan, pueden llegar a obtener una pena de prisión de hasta 3 años; que, en el caso del perito además se impondría en su mitad superior y consecuencias más graves que pueden afectar a su oficio».