Una pasajera conversa con un taxista en las inmediaciones de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en una imagen de archivoEuropa Press - Archivo

El sector del taxi pedirá una indemnización de 2.500 millones a la Comunidad de Madrid

Los taxistas reclaman una vez más que se regulen las licencias VTC

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) pedirá una indemnización de 2.500 millones de euros, 150.000 euros por cada 15.700 licencias, debido a la modificación de la Ley de Transportes, que incluye regular las VTC. La medida está incluida en el nuevo Anteproyecto de Ley de Medidas urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Comunidad de Madrid.

«Con esta publicación la Comunidad incumple la promesa que trasladó al sector del taxi tras las movilizaciones de 2019 de no regular las VTC y demuestra de nuevo que antepone los intereses de tres empresas con autorizaciones VTC frente a las más de 20.000 familias que dependen de un servicio público como el taxi», ha criticado Julio Sanz, presidente de la FPTM.

En este sentido, Sanz ha subrayado que estas «maniobras encubiertas» no son comunicadas y hacen sospechar a los taxistas de la existencia de vínculos o intereses particulares del gobierno de la Comunidad con las entidades que abarcan cientos de licencias VTC.

Dos mujeres protegidas con mascarillas se suben a un vehículo VTCEuropa Press - Archivo

También ha asegurado que desde el sector siguen trabajando judicialmente para desmontar esta «función de teatro» organizada por los intereses de unos pocos en contra del sector. Por ello, solicitarán las indemnizaciones anunciadas al amparo de la doctrina del Tribunal Supremo.

Ante esta situación, desde la FPTM piden al resto de partidos políticos que apoyen a las más de 20.000 familias que viven del taxi y que garantizan el funcionamiento de este servicio público frente al modelo que la Comunidad quiere imponer.

Al mismo tiempo, recuerdan que en otras comunidades en las que también gobierna el PP, como Canarias o Galicia, «se ha regulado con consenso y transparencia» y piden que la Comunidad deje atrás las maniobras encubiertas que benefician los intereses de unos pocos frente a lo que dice la ley.