Concentración de los funcionarios de prisiones ante el aumento de las agresiones registradas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP-UGT) han convocado una concentración este jueves a las 12:00 horas delante de la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, en protesta por las agresiones sufridas recientemente por este colectivo.

Según explican en una nota de prensa, algunas de estas agresiones han sido especialmente graves, y han puesto en riesgo la integridad física de los trabajadores. Como la ocurrida el pasado 1 de julio, cuando un interno del Centro Penitenciario Murcia II atacó a un trabajador con la tapa de una lata de conservas causándole un corte en el cuello.

Tan solo cuatro días después, tres funcionarios del Centro Penitenciario de Picassent en Valencia, tuvieron que recibir asistencia hospitalaria (uno de ellos con rotura de pómulo y tabique nasal y con un ojo afectado) tras sufrir una agresión por un interno experto en artes marciales.

Otro trabajador del Centro Penitenciario de Madrid VII (Estremera) también resultó herido con contusiones en la cabeza de diversa consideración tras sufrir el ataque de otro recluso.

Se critica la falta de formación y la visión parcial de la realidad penitenciaria por parte del Gobierno

Los datos de CSIF y de ACAIP-UGT muestran que todas estas agresiones no son incidentes aislados, ya que el pasado año se registraron una media de 456 incidentes regimentales graves o muy graves; mientras que este año, la cifra se sitúa en 280 hasta el 31 de mayo (último dato disponible).

CSIF denuncia «la falta de medios materiales y humanos» y subraya que hay más del 58% de vacantes de médicos, lo que dificulta la atención de enfermedades mentales cuando el 30% de internos padece alguna de estas patologías.

Por último, el sindicato también denuncia el parón en la elaboración de la ley de Función Pública Penitenciaria, que incluirá mejoras de las condiciones laborales de los empleados públicos penitenciarios.

Además, piden al Gobierno que habilite los medios y recursos suficientes para garantizar promoción y estabilidad laboral, prevención de riesgos laborales, un protocolo específico de actuación frente a agresiones, formación especializada y la implantación del teletrabajo.