Vox da margen al Gobierno de Ayuso para que decida qué hará con la ley trans vigente en Madrid

El pasado lunes 24 de octubre el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid registró una proposición de ley para la derogación de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, más conocida como 'ley trans', que se aprobó durante el Gobierno de Cristina Cifuentes.

Aunque la formación llevará su iniciativa al Pleno para que se debata antes de que acabe esta legislatura, por el momento no la ha activado, al menos no para esta semana. Según explican fuentes del partido a El Debate, Vox está esperando a que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso les dé una respuesta al respecto de esta polémica norma, y que, en caso de que no quiera derogarla como ellos plantean, explique qué puntos cambiaría, cuáles dejaría, y en definitiva, cómo plantearía una reforma de la misma.

Y es que tras el paso tomado por el equipo de Rocío Monasterio, la presidenta madrileña ha señalado que no se sumará a Vox porque a su juicio no son formas de hacerlo, y considera que antes de abordar el debate en la región hay que esperar a ver qué ocurre con la ley trans que se está debatiendo a nivel nacional en el Congreso, impulsada por Irene Montero y con la que se ha mostrado muy crítica. «Lo primero es esperar a ver ese resultado de una ley nefasta, que de nefasta tiene dividido al Gobierno a la mitad. Una vez que esto suceda yo tomaré las mejores medidas para unas leyes que desde luego son muy mejorables. Pero no lo haré como hace Vox», aseguró Díaz Ayuso.

La líder 'popular' en Madrid ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a la norma de Montero que se está debatiendo en el Congreso, señalando que genera «inseguridad jurídica» y atenta «directamente contra la Constitución» . Asimismo, el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a derogarla si llega al Gobierno.

Es por ello por lo que desde Vox no entienden que el Partido Popular no la retire en la región donde gobierna, cuando, según denuncian los de Abascal, la que está vigente en Madrid «es una ley mucho más agresiva que la de Irene Montero». La aprobada durante el mandato de Cifuentes, como la de la ministra de Igualdad, está basada en la autodeterminación de género. «La libre determinación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental», se recoge en su preámbulo, donde se afirma que «la definición del sexo-género de una persona (...) no es un concepto puramente biológico, sino, sobre todo psicosocial».

Esta norma contiene puntos muy polémicos, como por ejemplo, el artículo 14, relativo a la atención sanitaria de menores trans, que contempla que estos tendrán derecho a «recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad», así como que «la negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad (...) podrá ser recurrida ante la autoridad judicial cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor».

Por otro lado, el artículo 48 establece que la persona a la que se le atribuya «conducta discriminatoria» hacia otra por razón de identidad o expresión de género es a quien corresponde «la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas», invirtiéndose la carga de la prueba.

Otro punto controvertido es el artículo 38, relativo al deporte, donde se indica que «en los eventos y competiciones deportivas» que se realicen en la región, «se considerará a las personas que participen atendiendo a su identidad sexual sentida a todos los efectos».

Ley de Igualdad

A finales del año pasado, Vox lanzaba como propuesta una Ley de Igualdad que incluía la derogación de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid –la mencionada ley trans y la ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual– al considerar que ambas normas vulneran la verdadera igualdad, así como la presunción de inocencia recogida en la Constitución e invierten la carga de la prueba.

Fue llevada a la Asamblea el pasado diciembre, pero no salió adelante al contar con el voto en contra de las formaciones de izquierda de la Cámara y la abstención del Partido Popular. Ahora, centran su propuesta en derogar la primera, la 2/2016, dado además el debate político abierto a nivel nacional –que ha provocado división en el seno del Gobierno– y también social ante la presencia de cada vez más voces expertas que alertan sobre los efectos negativos que puede traer la ley trans, especialmente para los menores.

En cualquier caso, desde Vox separan esta cuestión de la negociación de los Presupuestos para 2023. Fuentes del partido han apuntado que seguirán estudiando el proyecto de ley de las cuentas públicas de la región e intentarán mejorarlo «durante la negociación con el Gobierno». No obstante, la propia Monasterio se ha mostrado dispuesta a llegar a un acuerdo de presupuestos que «reduzca el gasto superfluo». Y en este sentido, precisamente este próximo jueves llevarán al Pleno una proposición no de ley para la eliminación de las subvenciones a los sindicatos.