Ayuso recurre al Constitucional el impuesto a grandes fortunas del Gobierno

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha interpuesto un recurso ante el TC contra el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, del que pide una suspensión cautelar. Lo que ha motivado a la líder regional a esta acción es que considera que la Comunidad de Madrid se verá muy afectada, pues se prevé que esto suponga que dejen de llegar a la región más de 1.200 millones de inversión extranjera al año, además de ocasionar la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos. Además, también defiende que es una intromisión por parte del Gobierno central, que «impone una cuota nacional para todas las regiones de régimen común, invadiendo la gestión de las autonomías en la materia, lo que perjudica de manera especial a los contribuyentes madrileños».

En la misma línea se ha pronunciado Enrique Ossorio, vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, en una rueda de prensa en la Real Casa de Correos. Ha señalado que el impuesto que ya está en vigor «invade las competencias fiscales y financieras» de las comunidades autónomas (recogidas en el artículo 156 de la Constitución Española). También ha asegurado que además de que el tributo se arroja competencias que la Constitución otorga a las comunidades autónomas, «va contra el ahorro y la inversión». Y es que, dicho impuesto suplanta el papel de las comunidades, que tienen el papel de gestionar los tributos cedidos, como por ejemplo el Impuesto sobre el Patrimonio, que en nuestra comunidad está bonificado al 100% desde 2008.

Además, el nuevo impuesto también obvia el «procedimiento parlamentario ordinario, sin someterse a consulta pública y sin contar con memoria económica ni dictamen del Consejo de Estado», reprocha el consejero, denunciando, en este sentido, que la tramitación del mismo se ha llevado a cabo a través de una enmienda en un proyecto de ley que «no tenía que ver con este tributo». A juicio del Gobierno madrileño, esto ha impedido el debate y la presentación de enmiendas al texto, en contra del derecho de representación política que recoge el artículo 23 de la Constitución.

El recurso ante el Alto Tribunal advierte, por otro lado, que el nuevo impuesto «atenta contra la seguridad jurídica» al tener su aplicación «efectos retroactivos para todo 2022 a pesar de que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año». «Esto supone un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar (confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación) y ahora se van a ver obligados a hacerlo», argumentan desde el Gobierno de Díaz Ayuso. Asimismo, el citado recurso hace hincapié en que «se vulneran los principios de capacidad económica y confiscatoriedad» del artículo 31.1 de la Carta Magna.