Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid aprueba una rebaja fiscal pionera en Europa para atraer inversión extranjera
La reducción será del 20% del IRPF y supondrá un incremento de 886 millones de euros en el PIB regional y la creación de 13.000 empleos
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en su reunión de este miércoles a un proyecto de ley con el que seguir atrayendo la inversión extranjera. Esta propuesta, que tendrá que ser ratificada por la Asamblea, pretende seguir favoreciendo la inversión, el ahorro y fortalecer a Madrid como lugar de referencia de la inversión extranjera. La Comunidad de Madrid recibe un total de 21.000 millones de euros procedentes de la inversión extranjera. Unas cifras que superan las de países como Chile o Colombia. Con esta norma se pretende seguir potenciando a la comunidad como un lugar de referencia en la inversión extranjera.
La iniciativa está enfocada a personas que lleven como mínimo cinco años viviendo fuera de España, quieran invertir en Madrid y trasladen su residencia fiscal a la región. En total, podrán deducirse hasta un 20% del total, ya tanto activos financieros como inmobiliarios. Esta rebaja del impuesto de la renta podrá aplicarse desde el primer euro, ya que no se exige ninguna cantidad mínima ni tampoco máxima. Una norma que, una vez cumpla con el trámite parlamentario, podrá aplicarse en este mismo año 2023.
Un Madrid libre de impuestos propios
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty ha sido el encargado de dar a conocer este proyecto de ley y ha defendido a la Comunidad de Madrid como «una región sin impuestos propios» y ha defendido el importante lugar que ocupa Madrid en el ámbito extranjero, gracias a la atracción de tres de cada cuatro euros de inversión extranjera, «una estabilidad lograda gracias a unas políticas de libertad económica y nuevos impuestos», afirmó Fernández-Lasquetty.
886 millones y 13.000 empleos
Según los datos que manejan en Sol, esta norma tendrá unos efectos más que positivos en las cuentas autonómicas. Desde el gobierno regional defienden que por cada 1.000 millones se generarían casi 13.000 puestos de trabajo y un aumento de 886 millones que irían a parar al PIB autonómico. Unas cifras que reflejarían más cotizaciones, más consumo y más ingresos con el que «seguir mejorando las inversiones públicas y la vida de los madrileños», defienden desde el ejecutivo de Díaz Ayuso.
