Miles de agricultores denuncian al Gobierno de Castilla-La Mancha por una posible malversación de más de 1.200 millones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido un tsunami en forma de querella de más de 3.000 agricultores, aglutinados en la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas, por la presunta malversación de más de 1.200 millones de euros procedentes de los fondos europeos. La querella, como publicó este martes Libertad Digital, está presentada contra el expresidente del Gobierno regional, José María Barreda, varios de sus consejeros, además de varios cargos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Instituto Geológico y Minero de España. Da la casualidad de que algunos de ellos todavía permanecen en su puesto. Según aparece en la denuncia, todos ellos habrían contribuido, además, de generar un perjuicio económico a los denunciantes cifrado en más de 300 millones de euros en los últimos 10 años.

Una presunta trama de corrupción que le salta al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a dos meses de las elecciones. García-Page, que fue consejero de Relaciones Institucionales y vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha durante la presidencia de Barreda, ha salido al paso este martes desde el Palacio de Fuensalida desmintiendo este presunto caso de corrupción. García-Page ha pedido «seriedad» y ha lamentado la política «virtual y falsa que algunos están haciendo con la tubería manchega».

El Gobierno de Castilla-La Mancha, en un comunicado, aseguró que los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades comunicó la inadmisión de la querella. Sin embargo, Ruperto Mesas, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos, organización querellante, en conversación con El Debate, asegura que la Junta «ha quemado el único cartucho que le quedaba» y profundiza alegando que en el comunicado del ejecutivo regional donde se habla de inadmisión, asegura que «no es una inadmisión definitiva porque está recurrida en el recurso de reforma» y añade que «el recurso de reforma está admitido y estamos a la espera de que se pronuncie tanto la Fiscalía como la juez nuevamente a ese recurso, porque, además, se han aportado pruebas nuevas» y añade que, «en el caso de que se desestimara el recurso de reforma, nos queda el recurso de apelación al presidente de la audiencia. O sea que de archivado y desestimado nada», asegura.

Además, Mesas afirma a El Debate que el caso ha sido trasladado «a la fiscal jefe de la Fiscalía Europea«, debido a que los denunciantes tienen indicios que las fiscales españolas asignadas para este procedimiento «tienen vinculación con el PSOE».

«Manipulación y datos falsos»

La querella, de más de 300 folios, a la que ha tenido acceso este medio, pretende demostrar que a pesar de que las citadas aguas subterráneas vierten en el Júcar, los acusados «manipularon y/o falsearon los datos para así obtener un mayor número de fondos ,utilizando como excusa el estado de conservación del Parque Nacional sobre una zona totalmente desvinculada».

El Plan Humedales, foco del conflicto

Esta zona siempre había pertenecido al acuífero 18. Sin embargo, tras la declaración de sobreexplotación del acuífero 23 por su vinculación con el humedal protegido, su perímetro fue incrementándose, lo que provocó la invasión de zonas que no tenían nada que ver con el perímetro de éste fue ampliándose, invadiendo zonas que nada tenían que ver con el mismo. José Bono, en 1994, aprobó el Plan Humedales, que provocó la llegada de 300 millones de euros, cuya subvención corría a cargo de la Unión Europea en un 75 % . La ampliación de esta zona terminó siendo declarada nula por el Tribunal Supremo en 2003.

Pese a la sentencia judicial, no se conformaron los responsables de la Confederación del Guadiana con la ilegalidad constituida entre los años 1994 y 2003, sino que se siguió adelante hasta el año 2008 con falsos informes .

Según los cálculos de los más de 3.000 agricultores que han presentado la querella, el presunto fraude y la malversación está cifrada en más de 1.200 millones de euros.

Un informe de viabilidad «adulterado»

García Page ha manifestado este martes que la puesta en marcha de la tubería manchega, que será inaugurada este miércoles, solo responde a que es una infraestructura «indispensable y que a la gente «le molesta que abramos esa tubería después de haber llegado a acuerdos con todos los ayuntamientos». Unas palabras que han sido replicadas por Mesa que, en conversación con este medio, destaca, primero, que « hasta que no han venido fondos europeos todo ha estado dormido» y añade que «los ayuntamientos firmaron en barbecho por las presiones de la Junta para sacar adelante su proyecto».

Y asegura que el informe de viabilidad se sacó adelante «adulterándolo», ya que afirma que «se conectaron 33 municipios que son aldeas, falseando los datos de población. En 2006 decían que había 14.000 habitantes, cosa que era mentira y te daban una previsión de crecimiento para 2020 de 29.000 habitantes. Hoy, el censo real a fecha de hoy del conjunto de esos 33 municipios es de 7300 habitantes. Hay municipios de 39 habitantes».

Mesas, concluye que la tubería, de 286 kilómetros, «ha costado al contribuyente casi 25 millones de euros» y aporta un dato curioso: «El consejero de Urbanismo de José Bono, curiosamente, ha acabado en la dirección de una de las empresas que construyeron la Tubería de la Llanura Manchega».

El vicepresidente de Page, entre los denunciados

José Luis Martínez Guijarro es uno de los hombres más cercanos al actual presidente de Castilla-La Mancha. Tal es su confianza en él, que el actual presidente desde su primera legislatura al frente del gobierno regional le nombró vicepresidente, cargo que repitió en 2019. Ambos se conocen desde hace muchos años y juntos también compartieron gobierno cuando José María Barreda, uno de los demandados, fue presidente.

Según ha podido confirmar El Debate por las fuentes querellantes, Martínez Guijarro es otro de los querellados por los más de 3.000 agricultores castellanomanchegos debido, según la denuncia a su «papel fundamental» como consejero de Medio Ambiente y Agricultura entre los años 2005 y 2011, a lo que habría que sumarle el cargo de presidente del Plan Estatal del Alto Guadiana entre 2010 y 2011.

«El mayor escándalo de corrupción»

Desde el Partido Popular se muestran «alarmados» ante la situación, La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, asegura que «El PSOE siempre ha utilizado el agua como arma política y siempre ha sido el punto central de todas sus campañas electorales y el centro también del arma política». Merino se muestra preocupada ante un caso que, de confirmarse, «estaríamos ante el mayor caso de corrupción de la democracia española con una malversación de 1.200 millones de euros», concluye Merino.