Un informe jurídico de la Comunidad de Madrid confirma que el chalet de Mónica García es irregular

El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid cuenta con un informe jurídico donde se razonan los motivos por los que el terreno donde se encuentra el chalet de la líder de Más Madrid, Mónica García, es público y, por lo tanto, se encuentra en una situación irregular. El Debate ha tenido acceso a este documento y desgrana las claves jurídicas de la caducidad de la concesión pública de la Colonia de Camorritos.

«La aplicación del artículo 95.4 de la LPAC no es posible en el puesto que nos ocupa», concluye el informe. Los técnicos jurídicos se refieren a un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece que si la caducidad de una concesión pública afecta al interés público podrá no ser aplicable. En cambio, según el criterio de los funcionarios, este no es el caso.

Este informe fue emitido el 23 de junio de 2021 a raíz de una petición del consejo de Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que, a su vez, había recibido una propuesta de información de Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente. La Comunidad de Madrid pidió este informe para ver qué hacía con relación a la caducidad de este terreno, caducado desde el 16 de noviembre de 2019.

Meses antes de que caducara, la Dirección General de Medio Ambiente notificó a los propietarios de la Colonia de Camorritos el inicio del procedimiento para la declaración de caducidad de la ocupación temporal de terrenos con destino a la construcción de sanatorios en altura en los montes de referencia. Además, esta notificación fue entregada a la empresa a la que se concedió el permiso para edificar en ese suelo y a una plataforma de vecinos afectados.

El documento, de 61 páginas, fue emitido bajo el número de dictamen 448/21 y detalla por qué motivo, si en un principio el terreno se concibió para construir hospitales, hubo particulares que levantaron las casas que hoy se mantienen en la actualidad. Los documentos que obran en poder de la Comunidad de Madrid establecen que “se proponía la construcción de sanatorios en altura y que se realizarían a lo largo de la línea mediante pequeñas construcciones".

Las construcciones, «en el sentido amplio que en el extranjero se concede a esta palabra, pues comprende multitud de edificaciones para sujetos sanos no sometidos a tratamiento terapéutico, pero que por profilaxis pasan unos días en ellos para convalecer de enfermedades agudas, recuperar las fuerzas gastadas… es decir, candidatos a la tuberculosis de no hacer una estancia en un lugar de esta índole».

Un procedimiento de desahucio

El Ayuntamiento de Cercedilla ha solicitado por escrito a Mónica García que entregue las llaves de su chalet irregular. De no hacerlo, la médico se arriesga a ser objeto de un desahucio. También le informa de que se arriesga a ser objeto de una multa de elevada cuantía económica.

La carta dice que el Consistorio «podrá iniciar los correspondientes procedimientos de desahucio» y «promover el inicio de los correspondientes procedimientos a fin de sancionar a quienes han continuado ocupando sus inmuebles más allá del 16 de abril de 2019». Mónica García entraría dentro de este cupo de vecinos ya que, desde esa fecha, ha continuado usando el inmueble.

También se informa a la médico que, de la misma manera, se arriesga a que la corporación municipal de la sierra madrileña le reclame una «indemnización por todos los daños y perjuicios» incluyendo daños por «lucro cesante». Es decir, que el Ayuntamiento de Cercedilla, como legítimo propietario de la finca donde está asentada la vivienda irregular de García, podrá reclamar con carácter retroactivo la cantidad económica que estime que ha perdido como consecuencia de no usar un terreno que le pertenece.

Además, García está exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del chalet irregular. Este hecho se debe a que, teóricamente, desde esa fecha el terreno pertenece al Ayuntamiento de Cercedilla aunque está ocupado por un tercero.

De esta manera, el caso de Mónica García se equipara al resto de excepciones que se ahorran el pago del impuesto, como inmuebles del Estado o de comunidades autónomas, los pertenecientes a la Iglesia Católica, las edificaciones que usan los miembros de la Cruz Roja o los espacios declarados como monumentos o espacios de interés social y cultural , entre otros.

Cuando el proceso administrativo concluya se dará parte al Ayuntamiento de Cercedilla y éste tendrá que reclamar a García y al resto de vecinos que se encuentran en su situación una indemnización de lo que se denomina «canon por ocupación» y el IBI que ha dejado de pagar desde hace cuatro años.