El desastre que dejó la izquierda en sus municipios de Madrid: del censo fantasma a las deudas millonarias

El pasado 28 de mayo una bocanada de aire fresco rejuveneció a Madrid. El Partido Popular se hacía con la mayoría absoluta gracias a los 29 concejales. Tras la victoria aplastante se relevaron los despachos entre antiguo y nuevo gobierno, lo que destapó algunos escándalos y deudas ocultas. El más reciente la misteriosa desaparición de 4.544 vecinos del padrón de San Sebastián de los Reyes durante el gobierno del PSOE.

El nuevo Gobierno, del PP, afirma que con esto «se privó a estos vecinos de derechos fundamentales, como el del voto». La tercera teniente de alcaldesa, Nuria Castro, ha explicado que durante el pasado mandato se dio de baja en el padrón municipal hasta a 4.544 vecinos, 1.865 solo en los últimos doce meses.

Estas bajas «se producían en su mayoría de manera injustificada, sin conocimiento de los afectados y sin seguir el procedimiento administrativo reglamentario», ha declarado.

Para Castro, se trata de «uno de los hechos más graves de la democracia en San Sebastián de los Reyes» puesto que a las personas expulsadas del padrón municipal «se les ha privado de derechos fundamentales, como el de derecho al voto».

La tercera teniente de alcaldesa ha indicado que tras las elecciones municipales de mayo de 2021 un funcionario ya avisó a los responsables de estas «bajas injustificadas en el padrón que no se estaba llevando el proceso de manera reglamentaria».

Desde el Partido Popular han explicado que en estas últimas elecciones municipales ocurrió lo mismo que en 2021, pero con el aliciente de que incrementaron los casos de vecinos que no pudieron votar porque de alguna extraña razón habían desaparecido del padrón.

Arganda del Rey, 6 millones de deudas

Arganda del Rey ha sido uno de los municipios donde más situaciones irregulares se destaparon con la llegada del PP. En primer lugar, se demostró que el anterior alcalde socialista puso un requisito para que su cargo cobrase lo máximo permitido por la ley.

Además, se fueron conociendo impagos como las facturas a empresas como UNED y Élite Inserción. A estas se sumaron nuevos impagos con diferentes empresas que ascendían a 6 millones de euros.

Entre las entidades afectadas estaba la empresa FCC, encargada del servicio de limpieza del municipio desde noviembre de 2022, como la más afectada y con la que el Ayuntamiento acumula una deuda de 2 millones y medio de euros.

Desde Hacienda de Arganda indicaron que en los próximos días el Gobierno se tenía que hacer cargo de alguna de estas deudas restando 500.000 euros al pago total de la deuda.

Móstoles, el caso ITV

La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, está investigada por el llamado caso ITV. Ella y otros siete concejales de su Ejecutivo están acusados por prevaricación y malversación al condonar una deuda de 2,45 millones de euros a la empresa ITV Móstoles S.L.

La querella que dio pie a la investigación fue interpuesta en febrero de 2021 por un edil de Más Madrid, quien aseguró que la decisión de no cobrar la deuda respondió al «mero capricho de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento».

Tras la denuncia, Noelia Posse le cesó, pero el juzgado de lo Contencioso anuló esta decisión porque la edil no respetó los plazos y condenó al Ayuntamiento a hacerse cargo de las costas judiciales.

Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas pidió que los acusados devolvieran 667.132,02 euros, cantidad que estafaron por este caso. Tras el periodo, la justicia les ha embargado sus bienes.

Alcorcón y la concesión ilegal de un piso

La exalcaldesa Natalia de Andrés fue condenada en enero de 2022 a cinco años de inhabilitación por la quiebra de Emgiasa, la empresa municipal de la vivienda del municipio madrileño.

La situación de quiebra que alcanzó Emgiasa fue consecuencia directa de una gestión «negligente» por una «conducta dolosa» que «agravó la situación de insolvencia».

En primer lugar, la decisión de repartir dividendos (16,1 millones) y el traspaso a 'reservas voluntarias' del beneficio registrado de 19,4 millones, a sabiendas de que el consejo de administración debía hacer frente a los pagos. En segundo término, las relaciones comerciales que Emgiasa mantuvo con Gesmasur. Según el fiscal, «no estaban amparadas en una contratación».

A este escándalo se le suma que un hermano de la alcaldesa condenada, también se benefició de la empresa pública ya que obtuvo un piso de protección oficial en el Ensanche Sur cuyo préstamo era abonado por la empresa en quiebra.

Para obtener una vivienda en el Ensanche Sur se presentaron unas 20.000 peticiones. Unos 5.000 solicitantes tuvieron que renunciar a ellas porque el banco les negó el crédito y a tan sólo 111, Emgiasa les concedió el peculiar aval.

De esos 111 agraciados, uno es el hermano de la Alcaldesa socialista. Él aportó los documentos por los que dos entidades bancarias le denegaban el crédito hipotecario que había solicitado, según era preceptivo.

Torrelodones, la Benemérita y las ayudas irregulares

Torrelodones ha tenido varios escándalos, los dos más llamativos tienen que ver con el cuartel de la Guardia Civil de La Colonia y las siete ayudas que le concedió el alcalde a su mujer.

El exalcalde, Alfredo García-Plata cometió un delito de prevaricación al votarse a sí mismo y concederse una ayuda cuando en su unidad familiar se superaba los ingresos máximos permitidos –nueve veces el IPREM, esto es, 71.177,40€– para recibirla.

Y no se queda aquí, el 11 de noviembre del 2019 el edil votó a favor de que su mujer recibiera 1700€ en diversos tipos de ayudas. El exalcalde durante su legislatura se autocedió numerosas ayudas de manera fraudulenta.

En el caso del cuartel de la Guardia Civil de La Colonia fue una lucha constante entre el Partido Popular el que fuese el gobierno de aquel entonces, Vecinos por Torrelodones. El alcalde quiso trasladar este puesto al núcleo urbano.

Además, se suma que el edil ocultó informes a la oposición para que se aprobara el cese del lugar y que se metió en un asunto del que no tenía competencias. Los populares registraron una Propuesta No de Ley para frenar esta decisión.