Terrenos del acuartelamiento de Campamento

La Operación Campamento avanza a buen ritmo tras las torpezas del Gobierno central y el apoyo de Madrid

Por primera vez, la titularidad del ámbito estará controlada por el Ministerio de Transportes

La Operación Campamento ve la luz al final del túnel, tras años paraliza por los diferentes trámites burocráticos, el Gobierno central ya ha autorizado al Ministerio de Defensa a vender al Ministerio de Transportes los suelos de la futura Operación Campamento por 272 millones de euros, en los que se levantarán hasta 12.000 viviendas, de las que al menos un 60 % serán protegidas.

En concreto, el Consejo de Ministros ha autorizado al organismo autónomo del Instituto de Vivienda que depende del Ministerio de Defensa, la venta de 1,63 millones de metros cuadrados a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).

«Hoy hemos dado un paso más en el desbloqueo de esta situación para ir dando los pasos administrativos necesarios para esta gran operación, que tiene como objetivo dar respuesta a la necesidad de demanda de vivienda a precio asequible», han señalado desde el Gobierno.

En este sentido han recordado que esta operación está dentro del plan estatal de vivienda 2022-2025, que tiene como objetivo dar respuesta a esa demanda de vivienda, junto con la ley de vivienda que se aprobó al final de la última legislatura.

«El Gobierno pretende que la vivienda deje de ser un problema para millones de personas, especialmente para las familias y personas jóvenes, para convertirse en un derecho, que las administraciones públicas garanticemos el derecho de acceso a una vivienda digna», han señalado.

Por estos terrenos, SEPES pagará a Invied 271,96 millones de euros (IVA no incluido), según la valoración dada a la propiedad por la Subdirección General Técnica y de Enajenación de Invied.

Así, SEPES adquirirá los terrenos correspondientes a siete fincas registrales, que permitirán a la entidad disponer de la propiedad de aproximadamente el 98 % del aprovechamiento del ámbito, lo que le otorgará la iniciativa urbanística y poder liderar la mayor actuación de vivienda pública del país.

Así, por primera vez, la práctica totalidad de la titularidad del ámbito estará controlada por el Ministerio de Transportes, que lidera las políticas del Gobierno en materia de vivienda.

Infografía de la Operación Campamento

Hito en su historia

El pasado 4 de abril, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes a transferir 260 millones de euros a SEPES para cerrar la adquisición de los terrenos de los que aún no era propietaria la entidad pública.

Un mes después, SEPES ejecutaba el pago a Invied del 5 % del precio de tasación de los terrenos, que equivale a 13,6 millones de euros, en concepto de señal. A partir de ese hito, Invied ha estado trabajando internamente en el procedimiento.

De forma paralela, se han impulsado más acciones como la creación de un marco jurídico junto a la asignación de recursos económicos que garanticen la viabilidad del proyecto, y la puesta en marcha de una oficina técnica propia.

En sus 211 hectáreas se edificarán viviendas asequibles, bajo un nuevo planteamiento urbanístico integrado con el tejido urbano existente, que garantice la calidad arquitectónica e impulse más espacios verdes.

Para acelerar la ejecución del ámbito, el Ministerio ha mantenido reuniones de carácter técnico con el Ayuntamiento de Madrid y otros organismos implicados, para compartir la estrategia planteada, que se acompañaron del envío de documentación técnica justificativa.

Paso de la A-5 a su paso por Campamento

Origen de Campamento

La Operación Campamento nació en el año 2005, momento en el que se firmó un convenio entre Alberto Ruiz-Gallardón (alcalde de Madrid) y José Bono (ministro de Defensa) que conllevaba a derribar los 11 cuarteles abandonados en la zona. También se trató el soterramiento de la A-5 y la creación de un túnel en la Avenida de los Poblados.

Se preveía la construcción de 15.000 viviendas en 15 años, dividido en dos fases. Se planteó además la concentración de diferentes instituciones en el ámbito en una especie de «ciudad del Estado» con una inversión prevista de 1.800 millones de euros.

En esta ocasión, el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, y la posterior crisis que arrastró a la economía española a su peor recesión de la historia moderna, pospuso una vez más la operación. El relevo lo cogieron las exalcaldesas Ana Botella y Manuel Carmena que trataron reavivar este proyecto sin ningún éxito.

El actual gobierno municipal ha retomado este plan urbanístico y es la ocasión que más luz se ha arrojado sobre las futuras viviendas. En noviembre de 2019, bajo la legislatura de José Luis Martínez Almeida se ha vuelto a retomar el contacto para reactivar la operación urbanística y por su parte han resuelto sus trámites burocráticos.