Los conductores de VTC de Madrid tendrán que saber español, conocer la ciudad y no tener antecedentes sexuales

La Comunidad de Madrid prepara el primer reglamento de vehículos de transporte con conductor (VTC) de la región. Esta nueva normativa, que aún se encuentra en periodo de alegaciones, recoge los requisitos que tendrán que cumplir los conductores que quieran ofrecer este servicio.

Estas características imprescindibles se especifican en el artículo 3 del proyecto del decreto. En el mismo se explica que es necesario contar con el permiso de conducir de la clase B o superior, con al menos dos años de antigüedad. Además, los conductores deberán figurar en la plantilla de la empresa en situación de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda y no padecer enfermedades contagiosas o algún impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el trabajo. En esta misma línea, se puntualiza que no podrán, lógicamente, ser consumidores habituales de estupefacientes o de bebidas alcohólicas.

Uno de los puntos más importantes es la prohibición de ejercer este servicio si el conductor ha sido condenado por delitos contra la libertad sexual. Además, no se podrán desempeñar «simultáneamente» otros trabajos que afecten a su capacidad física para la conducción o repercutan negativamente sobre la seguridad vial.

Por otro lado, los trabajadores de VTC tendrán que superar la prueba para valorar los conocimientos del conductor sobre el manejo de los dispositivos digitales con mapas de navegación. También será necesario el uso del español y tener conocimientos de primeros auxilios y saber la localización de lugares, oficinas públicas, hoteles y centros de ocio más importantes de la Comunidad de Madrid, así como aquellos otros que se puedan determinar desde el Gobierno regional.

Precios regulados, anulaciones y retrasos

El texto en valoración tiene como objetivos regular el sector de los 9.000 vehículos con autorización en la región y reforzar la seguridad del cliente. Como una de las novedades más importantes que introduce el texto la regulación de precios para eventos de alta demanda, como son grandes conciertos, salidas de partidos de fútbol, entre otros.

En estos casos, el precio de los servicios no podrá superar el 50 % sobre el precio base, de acuerdo con lo que se determine al respecto por la consejería competente en materia de transportes, siendo imputable la responsabilidad a la persona física o jurídica que lo hubiera calculado.

Además, después de las frecuentes quejas de los usuarios se va proteger al cliente con penalizaciones por las cancelaciones de servicios y los retrasos injustificados por parte de este servicio. En concreto, se deberá abonar «a la mayor brevedad posible, idéntica penalización que la prevista para el supuesto en que no se presente el usuario». «Igualmente, la empresa deberá abonar la misma penalización cuando, transcurridos diez minutos desde la comunicación al usuario del vehículo asignado o su sustituto, éste no hubiera llegado a recoger al usuario. En este caso, el usuario podrá cancelar el servicio, o solicitar uno nuevo sin que le puedan ser asignados aquellos vehículos», se señala en el texto.