La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea

El auto que da la razón a Ayuso sobre la gestión de las residencias: «Los fallecidos estuvieron atendidos»

El documento determina que la Comunidad no cometió un delito de «omisión del deber de socorro»

La Justicia ha dado la razón a Ayuso sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación de la denominada Marea de Residencias. Esta asociación denunció al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la gestión de estos lugares, acusándoles de un delito de «omisión del deber de socorro».

El Juzgado de 1ª Instancia de Parla ha remitido el escrito donde se detalla que la «investigación practicada ha sido especialmente exhaustiva con informes médicos, la testifical de los facultativos que atendieron a los fallecidos y de los cuales se deduce que la atención desplegada fue la adecuada».

Este documento judicial tumba uno de los argumentos de la izquierda que acusaba al Ejecutivo regional de abandonar a los fallecidos. El escrito recalca que «en todo momento los posteriormente fallecidos estuvieron atendidos con los conocimientos que en ese momento se tenían ante una enfermedad nueva que produjo un colapso sanitario».

Asimismo, indica que de «una posible derivación hacia los hospitales no hubiese dado lugar a un resultado distinto, pues, como se ha señalado, los hospitales se encontraban colapsados y su atención era más adecuada en los servicios médicos del centro residencial».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la reunión con el secretario general de UGTEFE

No hay delito de omisión de socorro

El auto determina que la Comunidad de Madrid no cometió un delito de «omisión del deber de socorro» ya que «no estamos en presencia de personas desamparadas y en peligro manifiesto y grave, sino internas en residencias con asistencia médica».

En este sentido, señala que «no se ha acreditado ni se va a poder acreditar a través de toda la prueba solicitada que haya existido una desatención y un nexo causal de la misma con el resultado final, por lo que procede mantener el archivo acordado. Dicho recurso se desestima».

Además, añade que «las pruebas son suficientes para la resolución adoptada. No se considera que la práctica de nuevas diligencias de investigación permita modificar la resolución acordada».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La izquierda contra Ayuso

Este auto llega a las manos de la Comunidad de Madrid justo cuando se filtraron a la Ser unas actas que realizó la Policía Municipal en las que describía la situación en general de las residencias durante la pandemia de la covid.

La ministra de Sanidad, Mónica García, aprovechó esta coyuntura para cargar contra la presidenta Ayuso. La exportavoz de Más Madrid en la Asamblea la acusó de «ocultar» las estos escritos.

Ahora la Justicia da la razón a la Comunidad de Madrid respecto a como gestionó las residencias de mayores, teniendo en cuenta la situación que vivía España en aquel momento a causa de la covid.

En las últimas semanas la izquierda madrileña ha vuelto a sacar este tema para cargar contra el Gobierno regional. Se espera que durante el Pleno de esta semana la oposición se lo vuelva a echar en cara, pero nuevamente la Justicia se ha pronunciado a favor de la presidenta de la Comunidad.