Así quiere Ayuso promover la ilegalización de Bildu después de que haya incluido a terroristas en sus listas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere promover que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la legalidad de Bildu, poco después de que la formación proetarra haya incluido en sus listas para las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco a tres condenados por terrorismo.

No es la primera vez que la dirigente madrileña pide que se ponga en marcha esta vía para determinar si Bildu se ajusta realmente a los requisitos establecidos en la Ley de Partidos para poder operar en el tablero político español con legitimidad. Díaz Ayuso ha explicado en varias ocasiones que no se trata de ilegalizar a Bildu porque no le guste sino porque no cumpla estos preceptos.

En concreto, Ayuso alude al artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos donde se establece que un partido político será declarado ilegal cuando apoye políticamente la «acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma».

La ley ahonda en que se entiende que en un partido político concurren estas circunstancias cuando, entre otros motivos, se dé «apoyo expreso o tácito al terrorismo legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta».

Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político el Gobierno y el Ministerio Fiscal y, tal y como consta en la ley, el Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno a que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización.

Así, la ley establece que «la acción por la que se pretende la declaración a que se refiere el apartado anterior se iniciará mediante demanda presentada ante la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que se adjuntarán los documentos que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad».

Esto es lo que quiere Isabel Díaz Ayuso que ocurra: que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la legalidad de Bildu que el Tribunal Constitucional determinó en 2011.

«Ahora hemos conocido que tres terroristas condenados por terrorismo de ETA van a ir en las listas de Bildu a las próximas elecciones vascas y, por tanto, ahora mismo existen distintos mecanismos para preguntarnos si Bildu es legal o no lo es», lanzaba Ayuso este lunes, antes de insistir en su apuesta por «utilizar los instrumentos que tiene un Estado democrático» para dilucidar la cuestión.

La presidenta madrileña ha criticado en sus redes sociales que «Bildu lleva a terroristas en cada una de sus listas electorales» y, además, «se ríen de todos en sus carteles», en referencia al guiño que ha hecho la formación al hacha y la serpiente de ETA en sus carteles electorales.

«Este cartel es una razón más para llevarlos ante el Tribunal Supremo. Por dignidad y justicia. Para que no engañen a los jóvenes», ha opinado Díaz Ayuso.