Madrid es la segunda región de España con menor tasa de pobreza

La encuesta de Condiciones de Vida de 2023 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) coloca a la Comunidad de Madrid como la segunda región de España con menor tasa de riesgo de pobreza (12,9 %), sólo mejorada por el País Vasco (10,2 %). En la otra cara de la moneda, se situaron Andalucía (30,5 %), Extremadura (27,6 %) y Canarias (26,1 %).

Pero, ¿qué hace el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para paliar la pobreza en la región? Desde la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad explican a El Debate que la primera, y primordial, política para luchar contra la pobreza es la creación de riqueza a través del empleo.

En este sentido, la Comunidad de Madrid se situó como líder de creación de empleo en 2023. Un total de 134.229 nuevos trabajadores se incorporaron a lo largo del año pasado al mercado madrileño de trabajo, un incremento del 3,8 % lo que supone más de un punto por encima del dato del conjunto de España (2,6 %), de acuerdo con las estadísticas del Gobierno de la Nación.

Así, la región capitalina acaparó uno de cada cuatro nuevos contratos que se firmaron en todo el país (25,6 %) y el número total de afiliados ascendió a 3,63 millones. Además, el número de autónomos aumentó en 5.207 (un 1,4 % más que el año anterior) y más del doble que la media estatal (0,6 %) y dejó el total en 423.500.

Pero, además de la creación de empleo, el Ejecutivo madrileño también lleva a cabo otras políticas para paliar la pobreza en la región, entre las que destacan el Programa de Integración, Participación y Lucha contra la exclusión, que tiene una dotación presupuestaria de 200 millones de euros, un 19 % más que en 2022.

De esta partida, 58 millones de euros se dedican a convenios con las entidades locales y al desarrollo de programas de atención social que cubren las necesidades básicas de personas y familias vulnerables, tal y como apuntan desde el departamento encabezado por Ana Dávila.

Otros siete millones de euros se destinan a la dotación de unidades móviles de emergencia social, dispositivos de alojamiento, atención sociosanitaria y cobertura de necesidades básicas para personas en situación de emergencia social y a la puesta en marcha de una sede de estancias breves, también para estas situaciones de urgencia.

Por otra parte, según explican fuentes de la consejería de Asuntos Sociales, para «aminorar los desequilibrios que afectan a las personas más vulnerables en situación de privación de material», el Ejecutivo cuenta con una dotación de 14 millones de euros, además de los 48 millones que destina a entidades sociales sin ánimo de lucro para atender fines de interés social.

A la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI), el Gobierno madrileño destina 15 millones de euros, mientras que otros 4,9 millones sirven para financiar la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Otros 2,3 millones de euros están reservados para promover la inclusión e integración de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid y, por último, 40 millones son para sufragar el Bono Social Térmico.