El Colegio de la Abogacía denuncia a la Fiscalía por revelar datos «confidenciales» de la pareja de Ayuso

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, (ICAM), Eugenio Ribón, ha anunciado la presentación de una «denuncia por las posibles responsabilidades penales» de la Fiscalía de Madrid tras la difusión, en un comunicado institucional emitido el pasado miércoles a las 10:22 horas, de datos «confidenciales» y pormenorizados de las conversaciones mantenidas entre «un colegiado» y una institución como el Ministerio Público, en la investigación que se sigue contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, por presuntas irregularidades fiscales. Una nota de prensa en la que se «recogían detalles concretos de unas diligencias», incluso, «con fechas (...) de reuniones produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara» el trabajo de los letrados.

Para la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía se trata de un «hecho de extrema gravedad, sin precedentes» y una «violación flagrante» de las exigencias regladas de los procesos de conformidad, en la que está en juego el mismísimo «derecho de defensa, pilar fundamental en un Estado de Derecho», y la protección del «secreto de las comunicaciones» mantenidas por sus colegiados, también, con la Fiscalía. Por ello, este mismo lunes el ICAM ha acordado «dar instrucciones a sus Servicios Jurídicos» para interponer varias acciones legales destinadas a «identificar a los responsables» de dos posibles delitos tipificados en el artículo 417 del Código Penal: infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

Además, en la rueda de prensa ofrecida por el decano Ribón, al término de la reunión de la Junta colegial –en nombre de los diputados que conforman el máximo órgano de gobierno y representación de los abogados madrileños–, ha avanzado la presentación de una segunda «denuncia formal» para iniciar «un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».

Dicha normativa sanciona, de manera expresa, «la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado».

«Vengan de donde vengan»

Según ha recordado el propio Eugenio Ribón, «el Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos».

Además, el mismo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «destaca el límite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados», ha subrayado el decano del ICAM.

Un marco legal que, a su juicio, incide en «la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales».

A juicio del ICAM, «la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal». Y, de ahí que sea necesario adoptar «cuantas medidas» sean compatibles con los fines y objetivos del propio Colegio, «vengan de donde vengan» las filtraciones, para «velar por los derechos de sus colegiados», ha asegurado Ribón.

La solución no pasa por un «comunicado» pactado

La reacción del ICAM llega tras fracasar el intento del fiscal general, Álvaro García Ortiz, por zanjar la polémica que salpica a su Departamento, y a él mismo, en la filtración de las conversaciones secretas mantenidas entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el letrado Carlos Neira, y el fiscal Julián Salto, encargado de las investigaciones tributarias sobre el empresario madrileño.

Aunque el pasado viernes García Ortiz desplegó toda la artillería del Ministerio Público, en una reunión celebrada a las 11.00 horas en la sede la institución, para lograr que el Colegio de la Abogacía firmase una declaración conjunta y pactada en la que minimizar la nota emitida por la Fiscalía de Madrid –donde se publicaron los detalles de una posible conformidad del investigado por dos delitos de fraude fiscal–, tanto Ribón como la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, rechazaron dicha posibilidad. Hoy, el decano madrileño ha vuelto a reafirmarse en su posición.

De hecho, esta misma mañana el fiscal general del Estado ha remitido una carta a Ortega asegurando que, en todo momento, se había «salvaguardado» el deber de reserva en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Incontrovertidamente alejado de la verdad queda que el objetivo y voluntad de la Fiscalía pueda ser interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal», asegura Álvaro García Ortiz en la misiva.