Esperanza Aguirre defiende su Ciudad de la Justicia: « Todo el mundo apoyaba construirla»

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido su proyecto de la Ciudad de la Justicia. La exlíder popular ha asegurado que «todo el mundo apoyaba» la idea de levantar un Campus de la Justicia que reuniera en un mismo espacio todas las sedes judiciales madrileñas, como se había hecho en Barcelona o Valencia, ha apuntado.

«Cuando digo todo el mundo, era todo el mundo de la Justicia, todas las entidades, desde el fiscal general entonces y actual presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Supremo, todos», ha indicado este martes la exdirigente del PP al declarar por presuntas irregularidades del Campus de la Justicia al adjudicar contratos.

Además, Aguirre ha señalado que también el ministro de Justicia del entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dijo que era algo que había que hacer.

«Y también, cuando pusimos la primera piedra, en la foto estaba todo el mundo de la Justicia madrileña y nacional. O sea, que es que era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre, como creo que se dice por ahí», ha defendido.

La expresidenta madrileña ha señalado que convenía que todas las sedes judiciales estuvieran agrupadas, antes de volver a insistir en que «todo el mundo, los partidos y los números unos de las judicaturas, estaban de acuerdo».

Preguntada por si era viable el proyecto, Aguirre ha manifestado que la Comunidad de Madrid «no tenía dinero para llevarlo a cabo y que la regla era que no se podía gastar más de lo que se ingresaba, pero que surgió una oportunidad al lograr la cesión de unos terrenos «muy grandes» en la zona de Valdebebas por los que no tenían que pagar.

La exdirigente ha señalado que la Comunidad pagaba «mucho» en alquileres –«era un momento de 'boom' inmobiliario»– por las sedes judiciales ubicadas en la capital, dinero que se ahorraría una vez construido el Campus de la Justicia.

Aguirre, que ha declarado que las cuentas de la empresa pública se aprobaron sin apreciar ningún tipo de irregularidad entre 2005 y 2008, ha expuesto que decidió paralizar el proyecto en 2009 debido al estallido de la crisis económica, que lo convirtió en «imposible», y no porque sospechara de la gestión de Prada al frente del Campus.

La expresidenta ha subrayado que la decisión de frenar la construcción del Campus fue, por tanto, «puramente económica», porque había que recortar el presupuesto. «Y como habíamos pensado que esto no iba a costar y nos encontramos con que sí iba a costar, y mucho, pensamos en un frenazo temporal para luego retomarlo», ha apostillado, añadiendo que la gravedad de la crisis impidió reanudar el proyecto.

Preguntada si presionó para que Campus adjudicara el diseño de edificios al arquitecto británico Norman Foster, Aguirre lo ha negado y ha explicado que Prada le transmitió esa idea. Asimismo, ha relatado que intentaron que los diseñara el español Santiago Calatrava, «pero no fue posible».

En este sentido, ha señalado que le pareció bien que Campus eligiera a Foster y que ella era partidaria de que participaran arquitectos de renombre, porque era «bueno» para la imagen de Madrid y de la arquitectura, tanto de la española como de la internacional.

Presuntas irregularidades del Campus

Ha dicho que no cesó en 2008 como vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior a Alfredo Prada, principal acusado en este juicio, por su gestión, que «fue muy buena», sino por motivos políticos, porque él se aproximó al entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, con el que Aguirre discrepaba.

La Fiscalía reclama 8 años de cárcel para Alfredo Prada, entonces vicepresidente segundo de Aguirre y consejero de Justicia e Interior, por delitos continuados de prevaricación y malversación. Además, solicita 6 años para el resto de acusados, que formaron parte del equipo directivo de la empresa pública que gestionaba el proyecto.

Campus de la Justicia fue impulsado por el Gobierno regional de Aguirre en su primer mandato. En 2005 se creó una empresa pública para construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad. Las obras no se terminaron y quedó abandonado cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.

Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos: «Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación».