La Justicia abre una investigación contra la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal y falsedad
La causa parte después de que la Agencia Tributaria detectara un presunto fraude por valor de 351.000 euros
Los bienes de Ayuso mientras Hacienda «asedia» a su pareja: 75.000 €, la nuda propiedad de una casa y la mitad de una empresa
La juez del juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha decidido citar como investigado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas tras admitir la denuncia de la Fiscalía por dos presuntos delitos de fraude a Hacienda y uno más de falsedad en documento mercantil.
En un auto la juez abre la causa partiendo de la denuncia que presentó la Fiscalía de Madrid después de que la Agencia Tributaria detectara un presunto fraude en el impuesto de sociedades de la mercantil de la pareja de la presidenta madrileña por valor de 351.000 euros.
La Fiscalía ha denuncia a su pareja por presunto fraude fiscal
Ayuso denuncia una cacería contra ella y su entorno: «Llevo cinco años aguantando esto»
La denuncia indicaba que González Amador habría declarado en aquel impuesto de sociedades facturas de terceros que no se correspondían con servicios efectivamente prestados a fin de minorar la cantidad que le correspondía abonar.
Por su parte, Ayuso explicaba el miércoles pasado que Hacienda debe a su pareja cerca de 600.000 euros y que todo esto es una estrategia del Gobierno de Sánchez para querer destruirla.
«Sánchez está sentado en la corrupción política y económica, y eso no lo va a tapar, aunque pida mil veces mi dimisión». «Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido aquí es él», señalaba la presidenta de la Comunidad.
Respecto a la denuncia que pesa sobre su pareja, impulsada por la Fiscalía de Madrid que preside un ex alto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Ayuso afirmó que se trata de una «inspección fiscal salvaje para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe».
«Es una inspección de Hacienda sacada de quicio y no hay ninguna trama», insistió, al tiempo que recordó que su pareja es un «particular anónimo» y ha ironizado con que a su próximo novio le pedirá «el currículum, las declaraciones de Hacienda y la cartilla de vacunación».
Díaz Ayuso recordó que su pareja no tiene «ni un solo contrato con la Comunidad de Madrid» y que «se está sacando mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio y turbio por cómo se inició la inspección, y turbio por cómo se ha desarrollado por las filtraciones por el hecho de que todos salieran en tromba los medios cercanos al Gobierno».
La Fiscalía está presidida por una ex alto cargo de Zapatero
La actual presidenta de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, que denunció a la pareja de Ayuso ocupó dos cargos en gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
En concreto, fue entre 2004 y 2009 asesora en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio del ramo y Directora General de Modernización de la Administración de Justicia del mismo Ministerio.
Una circunstancia que no se le ha escapado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha recordado en sus redes sociales el pasado de la fiscal jefe que ahora ha puesto la lupa en su pareja. Para la dirigente madrileña esta denuncia se enmarca dentro de una campaña contra ella y su entorno que se remonta cinco años atrás, cuando ocupó el puesto de presidenta autonómica.
Rodríguez Fernández fue nombrada fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid en octubre de 2018 por la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ingresó en la Carrera Fiscal el 10 de marzo de 1993 y, desde 2015, era Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala Contra la Criminalidad Informática.
Es miembro de la Red Europea de Fiscales especialistas en Propiedad Intelectual y, desde 2009, ocupó diversos cargos de responsabilidad en la propia Fiscalía Provincial de Madrid que dirige desde hace ya más de cinco años.