El Gobierno incita a Madrid a infringir la ley y no cobrar las deudas a los familiares de las residencias en la pandemia

El Gobierno de Pedro Sánchez está incitando a la Comunidad de Madrid a infringir la ley y no cobrar las deudas pendientes a los herederos de los residentes en las residencias públicas de la región durante la pandemia del covid-19. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, lo ha calificado como «una falta de respeto», mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que «no cabe más miseria moral» por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, desde la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, competente en materia de residencias en Madrid, esgrimen que la reclamación de esos pagos responde única y exclusivamente a un imperativo legal y acusan al Gobierno de seguir utilizando el dolor de los familiares de fallecidos en residencias como ariete político.

Lo cierto es que Madrid debe reclamar esos pagos en cumplimiento de la legislación vigente. En concreto, la reclamación de deudas pendientes de ciudadanos con la Administración regional se hace siguiendo «estrictamente» lo establecido en la Ley General Tributaria y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, tal y como sostienen desde el departamento comandado por la consejera Ana Dávila, «dejar que prescriban estos pagos a favor de la Hacienda Pública podría dar lugar a exigencias de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas» y, añaden, «si, además, fuera de forma deliberada, constituir un delito de prevaricación».

En este punto recuerdan que en los supuestos de residentes de centros de mayores, la legislación estatal no ha establecido ninguna excepcionalidad con situaciones concretas vinculadas a la pandemia por covid-19. Es decir, que si el Gobierno de Madrid está reclamando esos pagos pendientes es porque el Gobierno de Sánchez no ha fijado ninguna prerrogativa en este sentido y, por tanto, el Ejecutivo no puede no cumplir con la legislación imperante a nivel estatal.

Con todo, desde la consejería de Asuntos Sociales, recuerdan que los requeridos a efectuar estos pagos, tienen la posibilidad de presentar recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, tal y como prevé la propia normativa.

Críticas del Gobierno

A pesar de que el Gobierno de Madrid está actuando conforme a la ley, el Gobierno de Sánchez no ha escatimado en sus críticas, obviando que la única posibilidad de que Madrid no reclamara estos pagos sería que el propio Gobierno de España modificara la ley o estableciera alguna excepción, cosa que no ha hecho.

«Ayer escuchaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir que ella estaba al lado de las familias, que le extendía la mano. No, la presidenta de Madrid no le extiende la mano, les extiende una factura. Por tanto, falta de humanidad y de respeto absoluto», afirmaba Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que cada martes acostumbra a arremeter contra Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, Mónica García, que tampoco se corta sus críticas a la presidenta madrileña cada vez que tiene ocasión, ha acusado al Ejecutivo regional de «ensañamiento» con las familias de los ancianos fallecidos.

«Esa es la catadura moral que tenemos en la Comunidad de Madrid y esta sucesión de acontecimientos explica esa falta no sólo de empatía, sino de capacidad de hacerse cargo de la realidad de estas familias que han visto como sus mayores morían de forma indigna», lanzaba la ministra de Sanidad en una entrevista en TVE.