Móstoles denuncia a su ex alcaldesa, Noelia Posse, por perdonar varios pagos a una ITV del municipio

El Ayuntamiento de Móstoles ha denunciado a la ex alcaldesa socialista, Noelia Posse, ante el Tribunal de Cuentas para exigir la responsabilidad contable de Posse y nueve miembros de su equipo de Gobierno -algunos continúan como concejales en esta legislatura- por el «caso ITV», donde presuntamente, el Ayuntamiento condonó el pago de cánones a una ITV del municipio.

El Ayuntamiento considera en su demanda que el daño causado a las arcas municipales por esta «amnistía fiscal» asciende a 817.453 euros y pide que lo abonen de su bolsillo de manera solidaria entre los diez implicados.

La Fiscalía pide para la exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, doce años de inhabilitación por presunta prevaricación en el marco del conocido caso ITV, en el que condonó una deuda a la empresa concesionaria de más de dos millones de euros.

Asimismo, el Ministerio Público del Área de Móstoles-Fuenlabrada también pide esa misma pena para otros ocho ex concejales del PSOE de la antigua corporación municipal, tal y como consta en el escrito de acusación del fiscal.

El pasado mes de febrero, la jueza que instruyó el caso dictó el auto por el que acordaba continuar la tramitación de las diligencias previas respecto a once investigados, entre ellos también un funcionario y un empresario.

En la resolución, la magistrada subrayaba en primer lugar que resulta «obvio» el perjuicio causado a las arcas públicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local de 20 de octubre e 2020.

Dicho acuerdo aprobó por la vía de urgencia reducir al 50 % la deuda del concesionario, el canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales.

En su escrito, la Fiscalía señala que mediante la declaración de urgencia, «incluyeron y aprobaron por unanimidad de todos sus miembros la quita del 50 % de la deuda de ITV Móstoles, SL.. la reducción del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento hasta el 2040 del resto de la deuda, sin intereses ni recargos, a razón de 30.000 euros anuales, y una última anualidad de 15.000 euros».

Además, a Posse se le acusa de prevaricación y malversación por este caso y acoso laboral. Las dos demandantes han presentado una demanda en la que reclaman una indemnización por daños y perjuicios cercana a los 100.000 euros.

En la denuncia las trabajadoras alegan que en mayo de 2021, cuando Posse estaba al frente del Ayuntamiento, fueron «apartadas» de su cargo como secretarias en las concejalías de Recursos Humanos y Servicios Sociales y Mayores de forma «arbitraria e injusta».

En este sentido, insisten en su denuncia en que lo hicieron «sin justificación alguna» y por «pura represalia» tras manifestar ambas en la reunión sindical «su disconformidad a que su sindicato (UGT) reiniciara las negociaciones con el Ayuntamiento».