La Guardia Civil retira sus efectivos de manera puntual del Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos continúa en el punto de mira tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. A la situación deplorable que viven los mojes benedictinos, se le ha sumado ahora la falta de rigor en su seguridad. Desde hace 65 años la Guardia Civil se encarga de la vigilancia del conjunto monumental; sin embargo, este viernes y sábado la comandancia de la Benemérita ha dado la orden de quitar sus efectivos del Valle para destinarles a otros lugares, bajo el argumento de «que no hay agentes suficientes en la zona».

Su labor será remplazada por los agentes de seguridad de Patrimonio Nacional. Fuentes cercanas al conjunto monumental han confesado a El Debate que no es la primera vez que se da este remplazo y que en caso de que ocurra un suceso de gravedad será el Estado quién asuma las responsabilidades.

Hace veinte días, vigilantes de la entidad adscrita a la Presidencia del Gobierno estuvieron prestando el mismo servicio que desempeña la Guardia Civil. Desde la Benemérita señalan que «apenas hay efectivos y por ello tienen que mover a estos agentes durante estos dos días».

En 2014, el Gobierno ya intentó retirar el destacamento del Valle de los Caídos, la idea era que los agentes pasaran al puesto de El Escorial y de Torrelodones. Pero para hacer efectivo este cambio debían firmar una declaración haciendo constar que el cambio de destino era voluntario.

En la actualidad la Guardia Civil tiene destinado a cinco agentes en el Valle que rotan en turnos de mañana, tarde y noche –al tiempo que dos están librando–. Cuando el conjunto monumental está abierto, son los empleados de Patrimonio los que cobran en la taquilla la entrada y la Benemérita patrulla por el lugar.

Cuando cierra el recinto, solamente se queda un único guardia. La Asociación en Defensa del Valle de los Caídos ha reclamado «las mismas condiciones de custodia que en El Pardo, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial o el Palacio Real». Y considera «demoledor argumentar que no hay efectivos» cuando «el día de la exhumación de Franco Interior movilizó a 206 policías y 275 guardias civiles».

Dificultades para expulsar a los monjes

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene un objetivo claro con el Valle de los Caídos, «abandonarlo a su merced y cuando no haya nada que se pueda conservar, convertirlo en un Centro de Interpretación». Además, pretende extinguir y liquidar la Fundación de la Santa Cruz, entidad que se encarga de sustentar el conjunto monumental tras la retirada de todos los fondos por parte del Ejecutivo central en 2021.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres ha indicado que antes de que termine 2025, los monjes benedictinos serán desahuciados en virtud de un real decreto que aprobará el Consejo de Ministros.

Esta aspiración del Gobierno de Sánchez se le complica debido a que existen «enormes dificultades canónicas y jurídicas» que impiden que echen a los religiosos del conjunto monumental.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, implicado en la trama de corrupción del PSOE, comentó hace unas semanas que en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática el Valle de los Caídos se transformará en un Centro de Interpretación.

Además, señaló que «cuando Patrimonio Nacional termine la auditoría de bienes» se procederá a la «extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz», pese a que el propio Estado reconozca que es la entidad la que se encarga del monumento ante la retirada de fondos públicos.

Desde la Asociación en Defensa del Valle defienden que el Gobierno de Pedro Sánchez lo tiene muy difícil si quiere expulsar a los monjes benedictinos que viven allí porque existen «enormes dificultades canónicas y jurídicas que relacionan a España y a la Santa Sede».

En este sentido, explican que hay una diferencia entre la extinción de la Fundación de la Santa Cruz y que se expulse a los monjes benedictinos. «Aunque el Gobierno quiera liquidar la entidad del Valle, los monjes podrán seguir viviendo en este lugar porque así lo marca la ley», señalan desde la Asociación.