Madrid tendrá este verano 1,8 millones de metros cuadrados más para convertir en viviendas de alquiler

El Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado el proyecto de Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, en virtud de la cual se van a liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales de oficinas para convertirse en 20.000 pisos de alquiler asequible.

Después de este trámite, la nueva legislación recibirá luz verde definitiva en el último Pleno de la Asamblea de Madrid antes del parón estival, el próximo 20 de junio, tal y como confirmaba este miércoles el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín. De esta forma, este verano ya estará vigente una ley con la que el Ejecutivo quiere aumentar el parque de vivienda regional y que se ha elaborado con aportaciones de colectivos del sector inmobiliario y ayuntamientos.

En concreto, el texto establece una medida extraordinaria y temporal que autoriza el cambio de uso calificado como terciario, es decir, destinado a albergar oficinas, a uno residencial para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública.

Esto se podrá hacer sin necesidad de hacer una modificación del planeamiento y, en su lugar, se podrá hacer mediante licencia. Para ello, los ayuntamientos tendrán hasta cuatro meses para decidir su aplicación. En el caso de que sigan adelante, informa el Gobierno autonómico, se habilitará un plazo de dos años para solicitar la licencia y de tres como máximo para ejecutar la obra. Se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios existentes, siempre que sea a toda la infraestructura, detallan.

Desde la Puerta del Sol celebran que esta iniciativa «facilita el acceso a la vivienda mediante la simplificación de trámites, reducción de cargas o modificaciones que permitan una mejora organizativa» en un momento en el que el acceso a la vivienda es uno de los más acuciantes en la región.

Además, esta nueva legislación a la que apenas le quedan semanas para entrar en vigor también incluye la exención de los planes especiales para implantación de viviendas protegidas en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello, se produce una reducción del plazo para su construcción de entre ocho y doce meses, esgrimen.

Asimismo, se recoge un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las viviendas protegidas, situando el número de plazas de aparcamiento en uno por vivienda. En todo caso, matizan desde Sol, se respeta la autonomía de cada consistorio, de tal manera que podrán decidir su aplicación en su término municipal, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación.

Cabe recordar que la construcción en la Comunidad de Madrid representó un 5,3 % del Producto Interior Bruto en 2023, por lo que con esta ley, el Gobierno de Ayuso pretende estimular el mercado inmobiliario «con medidas proactivas y no mediante restricciones como la declaración de zonas tensionadas del Gobierno central».