Begoña Gómez deberá comparecer si es citada en la comisión de la Asamblea o incurriría en un delito penal

El Partido Popular no ha decidido aún la lista de comparecientes que acudirán a la comisión de investigación que ha registrado en la Asamblea de Madrid para determinar las responsabilidades políticas por presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento de los programas de cátedras y postgrados de la Complutense. Una comisión que arrancará el próximo mes de octubre por lo que aún tiene tiempo el grupo liderado por Isabel Díaz Ayuso para sopesar si citar a Begoña Gómez, la principal beneficiaria de ese presunto trato de favor al ser la única persona sin licenciatura que dirige una de las 35 cátedras extraordinarias de esta universidad.

En el supuesto de que, finalmente, decida llamarla, Gómez estará obligada a acudir, tal y como han confirmado a El Debate fuentes parlamentarias. En el caso de no hacerlo, la esposa de Sánchez, al igual que cualquier otra persona particular, podría estar incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el artículo 502 del Código Penal.

Este precepto establece que «los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia». «Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años», agrega el apartado, aunque este no sería el caso de Begoña Gómez, quien, a pesar de la exposición a la que le está sometiendo su marido -que llegó a tomarse días libres para reflexionar sobre su futuro como presidente del Gobierno a raíz del caso de corrupción que atañe a Gómez- no ocupa ningún cargo público.

Además, ese mismo artículo decreta que «el que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a una año o multa de doce a veinticuatro meses».

De esta forma, Gómez estará obligada a decir la verdad llegado el caso de ser citada como compareciente en esa comisión de investigación. Cosa distinta es si decide no declarar. Esto es, de igual forma que está obligada a comparecer si es citada no está obligada a declarar. Una cuestión que avaló la Fiscalía Provincial de Madrid después de que el PP denunciara ante este órgano que una compareciente se negara a declarar en una comisión de investigación del Senado en 2018.

La comisión de investigación

Tal y como consta en el texto presentado por el grupo parlamentario popular a la Asamblea de Madrid para solicitar la constitución de esta comisión, esta «podrá requerir, dentro del ámbito de sus competencias y por conducto de la Presidencia de la Asamblea, la comparecencia de cualquier persona o entidad pública o privada, para informar sobre el asunto que constituye su objeto».

El documento también establece que «los trabajos de la Comisión se realizarán con la prudencia necesaria en todo lo relacionado con las competencias de la Administración de Justicia y la Fiscalía, así como de otros entes y órganos institucionales, especialmente aquellos que por su naturaleza actúen con plena autonomía, no solo para no entorpecer posibles procedimientos judiciales o sancionadores en curso, sino también para establecer la obligada y deseada colaboración, y la aportación de cuantos datos se obtengan con trascendencia procesal».

Cabe recordar que Begoña Gómez deberá declarar como imputada el próximo 5 de julio por la presunta comisión de de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias en el marco de la causa que instruye el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado.

Todos los grupos parlamentarios podrán proponer comparecientes que, posteriormente, tendrá que calificar la Mesa de la Asamblea. Los trabajos de esta comisión finalizarán en el mes de febrero del año que viene y luego tendrá un máximo de 20 días para elaborar un Dictamen con la relación de sesiones y trabajos, las conclusiones aprobadas y las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios.