Agresores que cambian de sexo para acercarse a sus víctimas: el problema de la ley trans que denuncia Ayuso y Sánchez se niega a solventar

Infructuosos. Así han sido los intentos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se abra a modificar la ley trans estatal para evitar que agresores se cambien de sexo para intentar acercarse a sus víctimas.

El último de esos intentos se produjo hace escasos días, después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, trasladara a la consejera de Familia madrileña, Ana Dávila, su negativa «total» a abordar esa modificación.

Algo que ha dejado «desalentada» a la consejera, puesto que se trata de una problemática de la que Madrid lleva alertando meses. Y es que la región ha registrado varios casos de presuntos agresores que buscan acceder a recursos para la atención contra la violencia de género, incluido entrar a centros donde se encuentras sus presuntas víctimas, después de haber cambiado registralmente de sexo en virtud de la ley trans estatal.

En este sentido, la semana pasada salía a la luz una denuncia de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) ante el Tribunal Supremo contra responsables de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por una supuesta discriminación a una mujer trans a la que se habría negado la asistencia como víctima de violencia de género por haber sido, a su vez, un presunto agresor antes de su cambio de sexo.

Situaciones que quieren evitar desde el Ejecutivo madrileño porque, tal y como está ahora redactada la norma, estas personas que han sido agresoras «tiene todo el derecho a ser atendidas como víctima, si se manifiestan como víctimas siendo ya una mujeres» algo que, para Dávila, «desprotege totalmente a las víctimas y vulnera también el principio de igualdad de las mujeres».

En concreto, la propuesta de Madrid pasa por que se incluya esta situación de «fraude de ley» dentro de la norma con criterios para poder abordarlo. «No podemos abordar la apariencia física, no podemos abordar informes técnicos de ningún tipo, porque así lo dice la ley, y necesitamos que el Ministerio nos apoye en esa posibilidad de definir cómo podemos decirles a los técnicos, a los funcionarios, a las personas que atienden a las mujeres víctimas, que esto puede ser un fraude», explicaba Dávila al término de su última reunión con Redondo a quien, de momento, no han logrado convencer.