Gratuita y necesaria
Cada vez que cada abogado o procurador defiende los derechos e intereses de un ciudadano, está contribuyendo a afianzar la seguridad jurídica en nuestro Estado de derecho
Toga de un magistrado
La Constitución unió a toda España en su camino hacia la Transición. Hoy, Día nacional de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, cobran especial relevancia dos artículos concretos: el 24 y el 119. En ellos se articula la defensa y asistencia de letrado como garantía del ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y el acceso a la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos.
Este servicio se alza como una de las facetas más nobles de la abogacía y la procura: la de su absoluto compromiso para que el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva esté garantizado a todo ciudadano, independientemente de sus circunstancias personales y económicas.
Puedo decir con orgullo que en la Comunidad de Madrid hacemos todo lo necesario para asegurar el efectivo cumplimiento de este compromiso constitucional con la colaboración del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y el Ilustre Colegio de Procuradores.
Todo mi reconocimiento personal y agradecimiento del Gobierno regional a los letrados y a los procuradores que llevan a cabo el Turno de Oficio, por hacer efectivo a los madrileños que acrediten insuficiencia de recursos su derecho a una defensa jurídica todos y cada uno de los 365 días del año.
El año pasado, se beneficiaron casi 86.000 personas en esta región de la asistencia jurídica gratuita. Destinamos cerca de 52 millones de euros sólo en concepto de pago de actuaciones profesionales de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.
A estos hay que sumar las subvenciones por 1,4 millones de euros por la prestación, por abogados y procuradores, de los servicios de orientación jurídica gratuita y servicio de representación procesal. Este año, la dotación presupuestaria para garantizar este derecho constitucional ha aumentado un 9,19 % hasta alcanzar los 56.290.000 euros.
En la Comunidad de Madrid, con un millón y medio de habitantes menos que los territorios gestionados directamente por el Ministerio de Justicia, destinamos 3 millones de euros más a la asistencia jurídica gratuita.
Este compromiso también implica la mejora en la retribución a los abogados y a los procuradores que asisten a los ciudadanos sin los cuales sería imposible realizarlo. El Gobierno regional ha actualizado gradualmente los módulos y las cuantías de los baremos, tanto a procuradores como a abogados, para tratar de dar estabilidad, seguridad y confianza a los profesionales adscritos al turno de oficio y justicia gratuita.
Cada vez que cada abogado o procurador defiende los derechos e intereses de un ciudadano, está contribuyendo a afianzar la seguridad jurídica en nuestro Estado de derecho y, con ello, está participando activamente para que nuestra sociedad sea cada día más justa y más libre.
Todos los servicios públicos son fundamentales para el correcto funcionamiento de una sociedad que quiere prosperar. Madrid, como motor económico de España, sigue trabajando para mejorar y garantizar cada uno de ellos, entre los que se encuentra la asistencia jurídica gratuita. Felicidades a todos los profesionales que la hacen posible.
