Alcalá de Henares: el municipio donde PP y Vox gobiernan «con tranquilidad» en medio de una oleada de inmigración ilegal

En lo que va de año, cerca de 4.000 inmigrantes ilegales han pasado por el cuartel Primo de Rivera en Alcalá de Henares, reconvertido desde el pasado mes de noviembre en un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para inmigrantes (CAED), para hacer frente a la crisis migratoria desatada en Canarias. Una situación que desde el Gobierno municipal de PP y Vox vienen denunciando con firmeza desde hace meses por la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este contexto, no parece que en este municipio de más de 200.000 habitantes, a pesar de la delicada situación que atraviesa en materia de inmigración ilegal, vaya a pasar factura la ruptura de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, anunciada por Santiago Abascal el pasado jueves.

En Alcalá de Henares, tal y como han señalado a El Debate fuentes del Ejecutivo municipal, se respira «tranquilidad y estabilidad» en la coalición pese al terremoto autonómico propiciado, precisamente, por el hecho de que el PP haya aceptado el reparto de menas procedentes de Canarias propuesto por Sánchez.

El PP logró en las últimas elecciones municipales once concejales en la localidad, los mismos que el PSOE, por lo que, para lograr erigirse como alcaldesa, Judith Piquet precisó del apoyo de Vox, que consiguió 3 concejales. Así, los de Abascal entraron a formar parte del Gobierno con una vicealcaldía y dos concejalías.

Este es uno de los 31 municipios de la Comunidad de Madrid donde ambas formaciones gobiernan de forma conjunta y donde, según ha asegurado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se seguirá gobernando «con responsabilidad y rigor». Sin embargo, por su parte, el líder de Vox ha advertido de su intención de romper también los pactos en los consistorios si estos «colaboran activamente» en el reparto de menas.

En este sentido, en el Pleno ordinario celebrado el pasado mes de mayo en Alcalá de Henares, Vox presentó una moción instando a la Comunidad de Madrid «al cierre inmediato del chalet de menores extranjeros no acompañados (MENAs) de Ciudad 10» que cuesta «70.000 euros de dinero público». Sin embargo, la moción resultó rechazada con los votos en contra del Partido Popular, PSOE y Más Madrid Alcalá.

Según afirmó entonces la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en declaraciones a EFE, no les constaba «ningún altercado» en el centro donde conviven 14 adolescentes «sin ningún tipo de problema, acogidos a un programa de integración social que está dando resultados positivos».

Vulneración de derechos

Así las cosas, el pasado mes de junio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional concluyó que el Ejecutivo de Sánchez vulneró los derechos de los inmigrantes que desalojó del del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para inmigrantes de Alcalá de Henares. Algo que vino a confirmar las denuncias del Gobierno Judith Piquet de «que política del Gobierno de Sánchez con los inmigrantes traídos a Alcalá de Henares es injusta, insolidaria y los deja abandonados a su suerte».

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares exigen al Gobierno « que rectifique su política migratoria en esta ciudad y presente un Plan de Seguridad y Convivencia para la integración de estas personas en la ciudad, plan que a día de hoy no se ha presentado pese a que son 3.983 personas las que el Señor Sánchez y la Ministra Elma Saiz han traído aquí sin plan ninguno para ellas».