Madrid defiende que su nueva ley de universidades atajará la endogamia frente a las críticas del Gobierno

El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva tiempo diseñando pormenorizadamente su nueva ley de universidades en la que tiene intención de incluir «medidas efectivas contra la endogamia, a favor de la apertura a toda España, de las cuentas transparentes y de la libertad en los campus».

Aunque todavía no ha trascendido la fecha prevista de publicación de esta nueva ley autonómica, esta misma semana el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, se volvía a reunir con los rectores de las universidades públicas de la región –Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos– para tratar esta normativa, que va a llevar el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia.

En paralelo a los trabajos preparatorios para terminar de perfilar el texto, el Gobierno de Pedro Sánchez ya lo ha puesto en la diana, a pesar de que aún se encuentra en fase de borrador. Y es que hace escasos días la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ya amenazaba al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso al advertir que «vigilará» esa ley y sentenciar que la presidenta tiene «un plan oculto para privatizar universidades en Madrid».

Morant llegó incluso a afirmar que lo que quiere el Gobierno madrileño es «básicamente cargarse el sistema público de universidades a través de esta nueva ley».

Unas palabras contra las que el consejero de Educación de Madrid saltó con un extenso mensaje colgado en sus redes sociales en el que arrancaba acusando a la ministra de estar en contra de «todo lo que salga de la Comunidad de Madrid» mientras que, por el contrario, todo lo que sale de Cataluña «se da por bueno, cueste lo que cueste, vulnere las leyes que vulnere».

Viciana arremetió contra la responsable de las universidades de España por criticar la ley cuando únicamente ha leído «un avance de propuestas» y defendió que se trata de la ley «más innovadora y ambiciosa de las últimas décadas».

En este punto, el consejero recordó a la ministra de «la Comunidad de Madrid es competente para el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión», en virtud del artículo 30 del Estatuto de Autonomía.

«Hace tiempo que algunos se excusan en 'la defensa de la universidad pública' para oponerse a cualquier medida efectiva contra la endogamia, a favor de la apertura a toda España, de las cuentas transparentes, de la libertad en los campus; justo lo que necesita la Universidad pública para cumplir su alta función», lamentó.

Así, instó a la ministra a, «en lugar de hacer activismo, asumir responsabilidades de una vez por las consecuencias de la LOSU, que va a costar millones de euros a todas las comunidades autónomas por su incompetencia legislativa» y la acusó de «vulnerar la autonomía universitaria y la de los gobiernos regionales con el Plan Integra».