Ayuso alerta que el nuevo plan hidrográfico del Tajo de Sánchez «pone en riesgo el abastecimiento de agua»

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, alertando de las graves consecuencias del nuevo Plan Hidrográfico del Tajo, que supone el control del agua por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. A la misiva se han unido los Ejecutivos regionales de Valencia, Murcia y Andalucía.

Según estos Gobiernos autonómicos, el nuevo Plan Hidrológico del Tajo «pone en riesgo el abastecimiento de agua de los madrileños al cambiar las reglas con las que se ha configurado el mayor sistema de abastecimiento de España». En concreto, denuncian, se va a tener que pedir permiso al Gobierno de España que controlaría el agua.

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha expresado que en los últimos años han seguido «con preocupación la deriva de la política hídrica del Gobierno de España y la afección que ello conlleva en numerosos territorios de nuestro país».

En este sentido, comenta que «es una situación que se ha agravado en los últimos meses fruto de la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo y el incremento de los caudales ecológicos, asunto ya debatido y llevado a los tribunales».

El Gobierno de la Comunidad de Madrid señala que se ha llevado ante la Justicia «por entender que se trata de una decisión poco motivada técnicamente y con unas consecuencias irreversibles para aquellos que necesitamos de aportes extra para garantizar el abastecimiento en los hogares, las industrias y el riego».

Novillo explica a Teresa Ribera que «la aprobación de dicho Plan no puede ir en contra de la posibilidad de abordar una planificación hidrológica nacional, pero la realidad es que el Gobierno de España ha permitido que un plan de cuenca invada y se apropie de decisiones que ponen en riesgo la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura».

«Entenderá la preocupación de los aquí firmantes sobre el desmantelamiento de hecho de la planificación hidrológica nacional, que se vería supeditada a las decisiones que se adopten de manera unilateral en cada demarcación, sin la posibilidad de una perspectiva conjunta», subraya la misiva.

Novillo recalca que «no es imaginable que la Confederación Hidrográfica del Tajo haya adoptado estas decisiones sin el conocimiento y consentimiento del Gobierno de España del que jerárquicamente depende».

Así, apunta que «es responsabilidad de su Ministerio haber dado lugar a la lamentable situación actual, con planes aprobados incompatibles entre sí, con un grave cuestionamiento de la legislación nacional sin tener capacidad normativa para ello, con unas presuntas opciones alternativas y compensatorias que con toda seguridad no van a estar disponibles en 2027».

Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente indica que siguen «sin tener respuesta que acredite la relación funcional entre el buen estado de la lámina de agua y la modificación de caudales prevista, no hay constancia de que esa modificación vaya a tener efectos ambientales significativos».

«Lo que sí queda patente es que conllevará una reducción de 100 hectómetros cúbicos anuales de envíos a las zonas más necesitadas, así como modificaciones concesionales relevantes para el consumo», explica la misiva.

El escrito continúa advirtiendo la intención de los firmantes de «agotar los recursos interpuestos en vías judiciales, acudiendo si fuese necesario a instancias comunitarias ante el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua por parte del Ministerio».

Desde el Gobierno regional explican que el Ministerio «no ha promovido la obligada concertación, no ha ponderado las circunstancias concurrentes, no ha valorado los costes desproporcionados incurridos, no ha asegurado la coordinación de los programas de medidas de los planes, y no ha previsto la posibilidad, en su caso, de las excepciones contempladas en la normativa europea».

El consejero madrileño concluye diciendo que «por todo lo anterior, y ante la tremenda preocupación que esta deriva despierta en los 22 millones de españoles a los que representamos, reiteramos nuestra absoluta disposición a realizar un trabajo técnico conjunto para el desarrollo de las nuevas reglas de explotación».