Un Cabify en la Puerta del Sol
Balance de la nueva normativa de VTC en Madrid: 775 sanciones y 7.700 licencias bloqueadas en 6 meses
Entre las infracciones que más se comenten destaca la recogida de pasajeros a pie de calle y no llevar las hojas de reclamaciones
La Comunidad de Madrid estrenó en enero de este año un nuevo reglamento para los vehículos de alquiler con conductor (VTC). La nueva normativa establecía multas para aquellos que no respetasen la normativa con importes entre los 100 y los 6.000 euros. El nuevo escrito también establecía un precio máximo en caso de alta demanda y un examen que tendrían que aprobar todos los conductores.
Según los datos de la Consejería de Transporte, hasta el 31 de mayo se han puesto 757 sanciones. Entre las faltas mas reincidentes destaca la falta de hojas de reclamación.
Otra de las infracciones que comenten los conductores de VTC es la recogida de viajeros a pie de calle que está totalmente prohibida. Solo lo pueden hacer a través de las respectivas aplicaciones.
El Gobierno regional está elaborando una examen de conocimientos que debería pasar unos 17.800 conductores antes de julio del año que viene.
Por otro lado, están los frentes judiciales contra la Comunidad de Madrid por diversos temas como la concesión de licencias. El Gobierno autonómico ha bloqueado 7.700 licencias de las más de 23.000 que pidió Cabify en 2018.
Desde la Comunidad de Madrid explican que han denegado estas licencias al considerar que «no cumplen con algunas de las condiciones de la ley, como, por ejemplo, que los vehículos no estén domiciliados en su ámbito territorial o la imposibilidad de la empresa para acreditar su disposición en virtud de un título de propiedad o arrendamiento de larga duración».
Un VTC de Cabify
Cabify anunció que presentará un recurso en el ámbito nacional, «donde ha habido numerosas resoluciones a lo largo de los últimos años que han confirmado que diferentes Administraciones Públicas han actuado de forma contraria a derecho», remarcaron.
La compañía recordó que «prácticamente todas» las licencias VTC otorgadas en España en los últimos 15 años «son el resultado de sentencias judiciales que revocan decisiones de administraciones autonómicas que rechazan la concesión de licencias VTC como estas».
La Comunidad de Madrid resaltó además que tiene como «objetivo prioritario» que los servicios que se prestan en la región «cumplan con los requisitos de calidad y seguridad suficientes para que los ciudadanos puedan disfrutar de unas buenas prestaciones».
Así, aludió a un estudio elaborado por la Dirección General de Transportes para subrayar que la oferta de vehículos por hora es de 2 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que la demanda es de 1,47, «por lo que actualmente las necesidades de movilidad y la oferta de transporte existente está suficientemente cubierta».
