Pedro Sánchez durante su visita a las criptas del Valle de los Caídos
Sánchez critica cómo llegaron los cuerpos al Valle de los Caídos pese a actuar igual en las primeras exhumaciones
El Ejecutivo central quiere convertir el conjunto monumental en un centro de interpretación y para ello debe expulsar a los benedictinos
El Valle de los Caídos está en la lista negra del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el Ejecutivo central han comenzado una campaña de acoso y derribo contra el monumento, los monjes benedictinos que viven allí y los restos mortales. El máximo responsable de llevar a cabo estas políticas es el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quién quiso dar lecciones de historia y criticó como venían los cuerpos al Valle dejando pasar las chapuzas con las exhumaciones que replican estas labores.
El líder de la cartera criticaba en el penúltimo Consejo de Ministros que en el Valle de los Caídos hay «33.000 cadáveres, 22.000 son del bando nacional y 12.000 del bando republicano, el bando vencido y el que defendió la democracia frente al bando del general Franco, con una diferencia que aquí no había concordia», indicó.
A continuación, comentó que «los restos que llegaban al Valle de los Caídos del bando nacional venían en cajas individuales con el nombre de la persona que eran extraídos de los cementerios y comunicado a las familias. Mientras que los restos del bando republicano venían varios en una misma caja».
Al ministro Torres se le pasó por alto las chapuzas que se hicieron a la hora de exhumar varios cuerpos del conjunto monumental durante el Gobierno de Felipe González.
Imagen del Valle de los Caídos desde la hospedería
Las más destacable y que se equipara al proceder duraste la posguerra fue cuando ordenaron a los trabajadores de Patrimonio Nacional abrir los osarios y ante lo que se encontraron -una amalgama de barro, cajas destruidas y restos mortales- cargar con palas esta mezcla y meterla en diferentes cajas de madera.
Fuentes cercanas a Patrimonio Nacional han confesado a El Debate que hay casos de un hombre repartido en tres lugares diferentes del Valle de los Caídos». Otra chapuza con las exhumaciones que se asimila a las cajas comunes fue el desentierro de los 133 navarros.
Los forenses de Patrimonio Nacional se equivocaron de planta y mezclaron cuerpos. Esto llevó a que se entregaran a familiares navarros restos de personas de Madrid y viceversas, hay quién reclama los restos de sus antepasados pero están en Navarra.
Imagen del Valle de los Caídos
Expulsión de los monjes
El Gobierno de Sánchez quiere reconvertir el Valle de los Caídos en un centro de interpretación, para ello debe expulsar a los monjes benedictinos y llevar a cabo las exhumaciones pertinentes.
El Ejecutivo central se ha puesto de fecha finales del 2025 para desahuciar a los religiosos. En julio de este año, este periódico reveló que Sánchez había invocado en falso las supuestas negociaciones con la Iglesia para tramitar esta expulsión.
La aspiración del presidente del Gobierno se ve truncada porque «existen enormes dificultades canónicas y jurídicas» que impiden que expulsen a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. Estas complicaciones relacionan a España con la Santa Sede, en Roma.
En concreto, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (de titularidad pública) y la Abadía Benedictina de Silos firmaron un concordato en 1958 que involucra a la Santa Sede y al Gobierno de España. Y que, en teoría, el Ejecutivo no podría romper de forma unilateral.
El 23 de agosto de 1957, Franco acordó crear la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos -a la que atribuyó la titularidad y administración del conjunto- para «rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo y laborar por el conocimiento e implantación de la paz».
Vista aérea del Valle de los Caídos
Estas tareas fueron confiadas a la abadía benedictina de la Santa Cruz en virtud del convenio que Luis Carrero Blanco -en representación del Estado- y el abad de Silos, Isaac María Toribios, firmaron el 29 de mayo de 1958.
En junio de 2021, tres vocales del Consejo General del Poder Judicial advirtieron que la expulsión de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos supondría una vulneración del actual Concordato, el acuerdo que regula las relaciones Iglesia-Estado desde enero de 1979.