Comunidad de Madrid
Monasterio pide a Ayuso controlar los contenidos que imparten los profesores de religión islámica en Madrid
La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, trasladó a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado jueves 33 propuestas sobre diversos temas -protección de la infancia y las familias, defensa de las fronteras, creación de riqueza, control de gasto público y futuro para los jóvenes- para que el Ejecutivo las tenga en cuenta de cara al nuevo curso político que acaba de arrancar. Lo hizo en el marco de la ronda de contactos con la oposición que esta semana ha mantenido Díaz Ayuso, como ya es tradición a la vuelta del parón estival.
Una de esas propuestas de los de Santiago Abascal es controlar los contenidos que dan los profesores de religión islámica en la Comunidad de Madrid. Monasterio recordó en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Ayuso en Sol que estos profesores los elige la Comisión Islámica y exigió «saber y controlar lo que imparten para alejarles del salafismo que está causando terror en muchos lugares de Europa».
Cabe recordar que los alumnos españoles tienen reconocido el derecho a la enseñanza religiosa islámica en centros públicos y concertados del país, tal y como se recoge en el Acuerdo de Cooperación firmado entre el estado español y la Comisión Islámica de España en 1992.
La Comisión Islámica de España (CIE) surge, precisamente, para la firma de ese acuerdo, y es la entidad interlocutora de la comunidad religiosa española con el estado y la que vela para que cumplan los objetivos del acuerdo.
Según los datos de la CIE recogidos en enero de 2022, hay hasta 300.000 alumnos musulmanes en edad escolar que pueden recibir clases de religión islámica en los colegios españoles.
En total, de acuerdo con ese mismo estudio, hay 106 profesores que imparten la asignatura de religión islámica en centros educativos en el territorio nacional y es, tal y como sostuvo Monasterio, la Comisión Islámica de España la encargada de dar conformidad a los profesores y expedir el correspondiente certificado de idoneidad.
Cada año, según recoge este organismo en su página web, la comisión recaba los datos de las solicitudes de padres que ha habido en las comunidades autónomas y pide la contratación de profesores de religión en los centros.
En el año 2023, la comisión recibió del Ministerio de Presidencia una subvención directa de 430.930,51 euros y del Ministerio del Interior otra de 21.000 euros. Además, también recibió dinero de los Gobierno de Ceuta y País Vasco, 95.000 y 5.000, respectivamente.
Monasterio afirmó, para defender su propuesta, que «si queremos que nuestras niñas vayan con falda corta, que yo también quiero que mis tres hijas vayan con minifalda, tendremos que controlar los centros de culto ilegales que hay en muchos municipios de Madrid».