El nº 2 de Ayuso arremete contra el delegado del Gobierno por amenazar a pueblos del PP para que limiten el uso del coche

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en su cruzada por acaparar foco mediático y postularse como alternativa para liderar el PSOE de Madrid, no ceja en su empeño de confrontar, cada vez que tiene ocasión, con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso o con cualquier gobierno municipal gobernado por el Partido Popular. Los últimos en colocarse en su diana han sido los municipios de Arganda del Rey, Valdemoro y Aranjuez a cuyos alcaldes, todos ellos, casualmente, del PP, ha amenazado por carta.

En las tres misivas, Martín, les insta a instalar en sus municipios Zonas de Bajas Emisiones algo a lo que, esgrime, están obligados por ley por tener más de 50.000 habitantes. Pero la carta no se limita a pedirles que limiten el uso del coche en sus respectivos territorios sino que, además, les amenaza con que, de no hacerlo, el Gobierno de Pedro Sánchez, les retirará las ayudas destinadas al transporte público en 2025.

Una amenaza que no ha gustado nada al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que, a través de sus redes sociales, recordaba al delegado del Gobierno que tiene «obligaciones» antes de «decir a alcaldes del PP cómo hacer su trabajo». Entre esas obligaciones destacaba la seguridad y ponía como ejemplo que en Parla, donde supuestamente la plantilla de policías es de 250, en realidad, según fuentes sindicales, hay un centenar menos, a pesar de ser «el municipio con mayor incremento de criminalidad».

También se sumó a las críticas al delegado del Gobierno la alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet, que afeó a Martín «decirle a los alcaldes lo que tienen que hacer, para seguir con su propia campaña regional». Y, al mismo tiempo, apostilló, «engañando con datos de efectivos policiales y de guardias civiles y sin atender los asuntos que realmente son de su competencia».

Por su parte, uno de los alcaldes interpelados por Francisco Martín, el de Arganda del Rey, Alberto Escribano, le replicó en redes sociales en la misma línea que Serrano y Piquet. «A pesar de que últimamente ha venido mucho usted por aquí demuestra que no era para conocer Arganda sino para luchar por el liderazgo del PSOE-PSM», le lanzó, antes de concluir recordándole que «cumplir la ley es arreglar la falta de efectivos de Guardia Civil en todas las localidades, también las gobernadas por el PP».

Mientras tanto, el alcalde de Valdemoro, David Conde, se grabó un vídeo para recordarle al delegado que su municipio es «cumplidor» y, de hecho, acaba de subir la tasa de basuras a los vecinos, «obligados por su Gobierno».

Con todo, reconocía que su Ejecutivo tiene intención de hacer esa Zona de Bajas Emisiones pero, matizó, lo que no va a hacer es «hacerla contra los vecinos». «La amenazas no son la mejor vía, con una carta filtrada a la prensa, creemos que tiene otros objetivos que cumplir en sí con la Zona de Bajas Emisiones», agregó.

El alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez, también se unió a las críticas a esa carta «con tintes partidistas» y le instaba a que «con la misma celeridad» con la que, a través de un motorista, le había hecho llegar la misiva, instara al ministro de Transporte, Óscar Puente, a arreglar los Cercanías. «No voy a consentir que amenace a mi ciudad y a mis vecinos ni mucho menos que utilice mi ciudad para hacer un uso partidista de ella», apostillaba.

Las cartas del delegado

Después de que este verano el ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Sánchez enviara un requerimiento a estos tres municipios para que instalen Zonas de Bajas Emisiones, al que, según la Delegación del Gobierno, Arganda del Rey no contestó y Valdemoro y Aranjuez lo hicieron con evasivas, Francisco Martín ha decidido tomar cartas en el asunto con, valga la redundancia, las citadas cartas.

En ellas, lamenta que estos tres pueblos hayan mostrado «públicamente su intención de incumplir la legislación vigente» y les recuerda que «los municipios que no cumplan con la normativa no recibirán ayudas estatales al transporte público a partir del años 2025».

La ley a la que se refiere Francisco Martín es la de cambio climático y transición energética que establece en su artículo 14.3, que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes, cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, deberán adoptar, antes de 2023, planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación, que reduzcan las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos, entre otras, el establecimiento de ZBE.

Así, para el delegado, «el establecimiento de estas ZBE, en las que se prevé la limitación del acceso, la circulación y el estacionamiento a los vehículos más contaminantes, contribuirá al cumplimiento de los objetivos en materia de calidad del aire y cambio climático, además de mejorar la salud de sus habitantes y favorecer la mejora de la calidad acústica».