Moncloa teme encadenar varios reveses judiciales: la imputación de García Ortiz, Ábalos y el respaldo al juez Peinado

En Moncloa crece la resignación y se preparan para un ya un otoño caliente en materia judicial. Los distintos frentes abiertos para el Gobierno en los tribunales, en un escenario de máxima tensión parlamentaria con sus socios de invesidura de Junts, suponen un problema latente para los de Pedro Sánchez que, más allá de las derivadas políticas del futuro del partido de Carles Puigdemont, pendiente del congreso de la formación, ha fiado el éxito del procés al Tribunal Constitucional, renovado a la carta de los separatistas.

Capítulo aparte son el resto de las causas en las que los socialistas anticipan varios reveses judiciales encadenados en un corto espacio de tiempo, en las próximas semanas. De ahí que el Ejecutivo se prepare para amortiguar el impacto que tendrían las decisiones de jueces y magistrados en varios asuntos de calado, para la continuidad de la legislatura. Entre ellas, las imputaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos y la del exministro José Luis Ábalos, por la trama de corrupción del caso Koldo que podría acabar salpicando al PSOE al completo.

Los de Sánchez dan por amortizado al que fuera confirmado como máximo titular del Ministerio Público, hasta en dos ocasiones, pese a la declaración de «inidoneidad» dictada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la condena por «desviación de poder» de la Sala Tercera del Supremo en el ascenso de su predecesora en el cargo, Dolores Delgado.

Una cosa es que García Ortiz esté «desacreditado», tanto interna como externamente, y otra muy distinta es que sea imputado por el Alto Tribunal en un delito de revelación de secretos que es la antítesis de la «defensa de la legalidad que tiene encomendada la institución», apuntan fuentes consultadas por El Debate. No en vano, consciente de lo limitado de su continuidad, el fiscal general ha apretado el acelerador para resolver, en lo que en su mano esté y mientras continúe, el asunto de la amnistía a favor del Gobierno que la aprobó.

Sin embargo, lo que más preocupa en la Moncloa, de puertas adentro, es el desenlace en la pugna entre Sánchez y su entorno contra el juez instructor de la investigación penal que afecta a su mujer, Begoña Gómez, por un presunto doble delito de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Ambos han tratado, desde un primer momento, de apartar al magistrado Juan Carlos Peinado de las pesquisas.

Será la Audiencia Provincial la que decida y, a menos de diez días de que resolver sobre la doble petición de archivo instada sobre el juez, éste continúa avanzando con las actuaciones. Ajeno a cualquier tiempo político o mediático, Peinado no sólo continúa decretando actuaciones, solicitndo nuevos informes policiales y programando testificales para octubre sino que confía en que sus superiores confirmen su trabajo.