La izquierda lanza una batería de medidas para promover el aborto mientras Ayuso aboga por la vida y la familia

Más Madrid, la formación liderada por la actual ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado en la Asamblea de Madrid una Proposición no de Ley (PNL) con una batería de medidas para promover el aborto en la región. Desde una 'lista negra' de los médicos objetores de conciencia hasta un organismo para vigilar que se practican abortos en la sanidad pública madrileña, la propuesta no escatima en 'soluciones' para que las mujeres realicen esta práctica que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en línea con el Papa Francisco, califica como «asesinato».

En la exposición de motivos de la iniciativa, la formación, que en el parlamento autonómico capitanea Manuela Bergerot, lamenta que en Madrid «el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en un hospital público es prácticamente imposible, ora por los tiempos de espera y la falta de agendas especializadas que permitan esta prestación en los plazos en los que ha de efectuarse, ora por las objeciones en bloque realizadas por los servicios, ignorando que la objeción de conciencia siempre es una decisión individual, y no de las instituciones».

Además, el partido califica de «acoso y hostigamiento» el hecho de que haya personas en las puertas de las clínicas abortivas rezando y denuncia la «pasividad de las autoridades» ante este hecho.

Otra de las problemáticas que, según Más Madrid, existe a la hora de abortar en la región capitalina es el hecho de que en algunas clínicas todavía se apliquen los tres días de reflexión para abortar que eliminó la reforma de la ley del aborto de Irene Montero. Por ello, en la citada PNL proponen que, a través de inspecciones sanitarias, se compruebe que las clínicas han eliminado ese periodo de reflexión.

Otra de las propuestas de la formación, escisión de Podemos, es la creación de una mesa de seguimiento de la ley del aborto que «garantice su aplicación y desarrollo en la Comunidad de Madrid», así como «garantizar que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, sea farmacológica o instrumental, sea realizada en los centros sanitarios públicos».

Por otra parte, instan al Gobierno de Ayuso a «promover el uso del aborto farmacológico en las semanas de gestación en las que está indicado» y a «mejorar la calidad de la información que se brinda a las mujeres que desean abortar o tienen que recibir un aborto terapéutico, de cara a preservar su indemnidad, dignidad y libertad durante el proceso».

Además, después de que Mónica García anunciara este lunes que en los próximos días se presentará un nuevo borrador de protocolo para perseguir a los médicos provida y garantizar que ninguna comunidad autónoma se pueda amparar en «ese vacío legal», la propuesta de Bergerot pide «crear el registro de objetores de conciencia» y «garantizar mediante las medidas pertinentes que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no obstaculice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, para que se garantice que dicha interrupción se pueda realizar en centros públicos».

En el lado opuesto a estas políticas que quiere implementar la izquierda madrileña se sitúa la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que, recientemente, a la noticia de que el número de abortos en España ha aumentado un 4,8 % en 2023 y supera por primera vez en la última década la barrera de los 100.000, reaccionaba subrayando que su Gobierno «apuesta por la vida y la familia».

«Apostemos por la vida; por la familia, con especial atención a la numerosa y a la vulnerable; por la maternidad; por el empleo; por el trabajo; por el sacrificio de los autónomos; por la empresa; por la propiedad; por la persona; por la libertad», escribía en sus redes sociales.

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad publicaba el pasado fin de semana los datos del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo y Madrid registró en 2023 la segunda tasa más alta de toda España con 13,92 abortos por cada 1.000 mujeres, lo que supone más de un punto más que hace un año, cuando estaba en 12,89. Solo Cataluña supera a Madrid en tasa de abortos voluntarios en 2023, con 14,92 por cada 1.000 mujeres.