Puente utiliza a los muertos en residencias para atacar a Ayuso a pesar de que la Justicia ha avalado su gestión

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado en redes sociales la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de la covid. Así ha comentado que «no hay un Juzgado en este país que haya decidido investigar esto. 7291 muertes. Personas abandonadas a su suerte y a las que deliberadamente se decidió no hospitalizar. Uno solo».

Al máximo responsable de la cartera de movilidad se le ha olvidado que la Justicia ha investigado este caso por las denuncias impuestas al Gobierno de la Comunidad de Madrid, y en más de una veintena de las sentencias, la Justicia ha dado la razón a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Las palabras de Puente se producen tras la filtración de llamadas de familiares y residencias en Madrid al 112 durante la pandemia. El PP de Madrid ha criticado que la izquierda «explote el dolor de las víctimas».

Así, han apuntado que «era una situación inédita, el Gobierno de Madrid hizo todo lo posible para gestionarlo de manera eficaz». Para el PP de Madrid «explotar ese dolor» es «irresponsable» y ha recordado que existen más de una veintena de resoluciones judiciales que dan la razón a la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha garantizado que el Ejecutivo regional hizo «todo lo humanamente posible» durante esos meses.

En el último auto emitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid se indicaba que «la pandemia afectó, no a la Comunidad de Madrid, sino a gran parte del planeta, con consecuencias muy similares en numerosos países, en las que todos los responsables de los servicios sanitarios tuvieron que afrontar una crisis de una gravedad no conocida hasta el momento».

El escrito recalcaba que es «posible que alguna decisión concreta pudiera haber constituido una emergencia penalmente relevante, pero en el caso de autos únicamente debemos decidir si alguna decisión de la responsable de la residencia y médicos denunciados en esta causa constituyó imprudencia penalmente relevante».

El documento oficial «llega a la conclusión de que el tratamiento y seguimiento que recibieron las personas mayores en la residencia desde el inicio de la sintomatología que dio lugar a su fallecimiento se ajustó a la lex Artis ad hoc y que de haberse indicado la derivación e ingreso hospitalario es posible que el resultado hubiera sido el mismo a tenor de la alta tasa de mortalidad de la covid».