El Gobierno de Ayuso recuerda a Montero que divulgar datos privados es ilegal y que el fiscal general está imputado por ello

el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha recordado este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que revelar datos fiscales de los contribuyentes, como Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, es ilegal y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está imputado por ello.

García Martín se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que Montero, esta misma mañana, en el Congreso de los Diputados hiciera alusión a una información publicada hoy por la Cadena Ser que afirma que González Amador habría tratado de desgravarse gastos de sus vacaciones con la presidenta en 2021.

«¿Le dijo a Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con facturas falsas, no puede deducirse en las empresas la compra de un Rólex?», le ha preguntado Montero al portavoz de Economía del PP, Juan Bravo.

Ante esas manifestaciones de la también vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, el portavoz de Ayuso se ha preguntado «por qué alguien que no es el propio interesado, que no es el contribuyente, por qué conoce información que es de carácter privado». «¿Cómo es posible que hoy la ministra Montero, que no debe saber la causa de la imputación del fiscal general del Estado -imputado por revelar datos que sólo debería conocer el contribuyente y la propia administración-, y distintos medios de comunicación conozcan datos personales, que sólo la Fiscalía y la Agencia Tributaria y el contribuyente deberían conocer?», ha lanzado.

Así, García Martín ha criticado que Montero «no sólo ha presumido de conocerlos» sino que «ha dicho que se van a hacer públicos y se van a seguir conociendo más datos a través de los medios de comunicación».

«Yo le recuerdo a la ministra, por si no lo sabe, que el fiscal general del Estado está imputado por eso y que el Código Penal castiga con penas de hasta tres años de cárcel y hasta cinco años de inhabilitación la revelación de datos privados», ha agregado.

Además, el portavoz gubernamental ha subrayado que todos los gastos de los viajes privados de la presidenta se los sufraga ella misma de su bolsillo. «No carga absolutamente nada al erario público y eso es lo que yo creo que tiene que quedar claro porque otros no tienen ese comportamiento y sí utilizan los medios del Estado para sus viajes personales de vacaciones», ha apostillado.