Fuego cruzado entre Montero y Ayuso: amenazas con revelación de datos y advertencias de las consecuencias penales

La escalada de tensión entre el Gobierno de España y el de Madrid no cesa. El fuego cruzado echándose cosas en cara es ya una constante del panorama político patrio y encuentra una de sus máximas expresiones en los enfrentamientos entre la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso.

La sombra de la sospecha sobre si la ministra, de Hacienda precisamente, sabe más de lo que debería saber, en los marcos de la legalidad vigente, de las intimidades tributarias de Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso, se han cernido sobre María Jesús Montero prácticamente desde el primer día que se conoció que la pareja de la presidenta tenía problemas con la Agencia Tributaria.

El martes 12 de marzo por la tarde, Montero afirmaba haberse enterado por los medios de comunicación de que Díaz Ayuso convivía con su pareja en una vivienda pagada con «fraude a la hacienda pública» y «comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia». Una información que, sin embargo, la ministra no podía conocer a esa hora por la prensa, puesto que no fue publicada hasta varias horas después.

«Yo diría, en primer lugar, que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si, efectivamente, como se ha publicado en medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país…», afirmó.

Unas declaraciones por las que González Amador ha denunciado a la ministra por derecho al honor, aunque, de momento, el Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite otras dos querellas por delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos presentadas por la Asociación Liberum y Fundación Foro Libertad y Alternativa por esos mismos hechos.

Con todo, más allá de lo ocurrido en marzo, la ministra no ceja en su empeño de atacar a la presidenta madrileña empleando datos fiscales de su pareja, tal y como volvía a hacer esta semana tras conocerse, por una información adelantada por la Cadena Ser, que González Amador se habría tratado de deducir ante Hacienda la compra de hilo dental, desodorante, un saxofón y un Rolex.

Además, y lo que ha hecho encender las alarmas de la Puerta del Sol, Montero no solo se ha limitado a airear datos ya publicados por la prensa sino que este miércoles, desde los pasillos del Congreso de los Diputados, daba a entender que conocía de antemano nuevas revelaciones que van a hacerse en torno a González Amador y que iban a «escandalizar a todos en los próximos días».

Unas declaraciones que, aunque este jueves trataba de matizar negando que desde su departamento se estén produciendo filtraciones sobre la situación fiscal de la pareja de Ayuso y afirmando que todo lo que sabe lo va conociendo por la prensa, le valieron una advertencia desde la Puerta del Sol.

Y es que, desde el Gobierno madrileño, han recordado a Montero que revelar datos fiscales de los contribuyentes es ilegal y que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está imputado por ello.

«¿Cómo es posible que hoy la ministra Montero, que no debe saber la causa de la imputación del fiscal general del Estado —imputado por revelar datos que solo debería conocer el contribuyente y la propia administración—, y distintos medios de comunicación conozcan datos personales, que solo la Fiscalía y la Agencia Tributaria y el contribuyente deberían conocer?», se preguntaba el pasado miércoles en rueda de prensa Miguel Ángel García Martín, portavoz de Díaz Ayuso.

«Yo le recuerdo a la ministra, por si no lo sabe, que el fiscal general del Estado está imputado por eso y que el Código Penal castiga con penas de hasta tres años de cárcel y hasta cinco años de inhabilitación la revelación de datos privados», agregaba en forma de velada amenaza a la ministra sobre las penas a las que podría enfrentarse si fuera cierto que está contribuyendo a la revelación de datos tributarios privados de la pareja de Ayuso, quien se ha convertido en el arma arrojadiza del Gobierno cada vez que la oposición recuerda la trama de corrupción en la que está inmerso así como el caso de Begoña Gómez o el del hermano de Sánchez. Todo se replica con un «y tú más» y, sobre todo, arremetiendo contra un ciudadano anónimo y particular que resulta que es la pareja sentimental –ni siquiera existe vínculo legal alguno entre ellos– de la presidenta Díaz Ayuso.

Eso es precisamente lo que esgrime Ayuso para hacer frente para este aluvión de críticas sobre lo que hace o deja de hacer su novio procedente del Gobierno. «Todo procede no de una causa penal o de una multa de Hacienda, sino de un troceo, del troceo de un expediente que de manera fraudulenta se está dando a conocer en los medios de comunicación para desguazar el prestigio de una persona por tener una relación sentimental con un político», lanzaba este jueves desde la Asamblea de Madrid.

Díaz Ayuso lleva meses lamentando el «ataque desmedido» por parte del Gobierno a su pareja para intentar «desguazar su prestigio» pero, al mismo tiempo, ha avisado de que «la montaña de corrupción» del Ejecutivo central «es tan grande que un hilo dental no lo va a tapar».