Ayuso centra sus esfuerzos en limpiar el nombre de la Complutense con la comisión de Begoña Gómez y la ley de universidades

Isabel Díaz Ayuso está centrada en limpiar el nombre de la Universidad Complutense tras las informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación sobre el presunto trato de favor dispensado por la UCM a Begoña Gómez. Además, la presidenta regional aspira a consolidar su modelo educativo en las universidades y ser una región referente en el panorama internacional gracias a su ley de universidades. Este miércoles, la Asamblea de Madrid acogía una comisión de investigación para esclarecer si la mujer de Sánchez tuvo un trato de favor por parte de la entidad pública educativa.

También declararon el rector de universidad, Joaquín Goyache, y la interventora, María Elvira Gutiérrez, quienes explicaron el sistema de contratación y de funcionamiento de la UCM con los másteres y las cátedras extraordinarias.

Ayuso comentaba este jueves en el pleno de la Asamblea que «la educación pública se tiene a sí misma y si algo tiene es el prestigio, y cuando se dan los títulos como churros y cuando se intenta llevar a un rector a la Complutense a decirle que 'yo le voy a dar un máster o una cátedra' eso se carga las instituciones».

En este sentido, comentaba que «toda la izquierda tiene colonizada la Universidad Complutense, además que un juez está investigando la apropiación indebida de material que es de la universidad... Lo que no se puede permitir es lo que se está haciendo con el desprestigio de la universidad más importante de España».

Por otra parte, el Gobierno de Ayuso está elaborando la ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia que busca compensar, dentro de las competencias autonómicas, «los excesos ideológicos, el intervencionismo y la imprevisión presupuestaria de la LOSU».

«Apostamos por la libertad de pensamiento, expresión y de cátedra, por la colaboración público-privada, la autonomía universitaria, por la transparencia, la pluralidad, la convivencia y el decoro de la vida universitaria; y por la calidad», señalan desde el Gobierno regional.

Para ello, la ley va a proponer un modelo de financiación plurianual, revisable cada cinco años con una financiación básica para el normal funcionamiento de la universidad, una financiación por necesidades singulares y una tercera aportación por objetivos, que sería adicional, opcional y competitiva.

Además, tal y como explicó Ayuso hace meses, otra de las prioridades del texto va a ser promover la investigación de alto nivel y la ciencia en sectores como la industria aeroespacial, la personalización y prevención en salud, cuidados paliativos, materiales semiconductores, Inteligencia Artificial, o valorización energética.

El exceso de regulación y la falta de fondos serán dos objetivos a batir de esta regulación, que se va a centrar en la búsqueda de nuevas fórmulas y proyectos europeos para captar financiación pública y privada y dar las herramientas para dinamizar los equipos de investigadores.

Asimismo, se va a fomentar la generación de patentes licenciadas a la industria y de empresas start-ups, al tiempo que se trata de internacionalizar la universidad.

Por otra parte, la ley permitirá el reconocimiento de todas las acreditaciones y el fomento de programas de atracción de los mejores docentes e investigadores, vengan de donde vengan, como muestra de que «la universidad madrileña está abierta a los profesores, investigadores y alumnos del resto de España y del mundo entero».

Otra de las claves de esta nueva legislación autonómica es que recuperará el requisito que retiró la LOSU de que los rectores de universidades deban ser catedráticos.

Ayuso contra los escraches

Por otro lado, la Comunidad de Madrid continúa trabajando en una medida que ayudará a que las universidades sigan manteniéndose como espacios de libertad. Esta iniciativa consiste en proteger estos centros de escraches, ocupaciones ilegales o comportamientos violentos a través de sanciones a la universidad.

Desde la Consejería de Educación explican que este régimen sancionador específico está aún por definir sobre en qué casos concretos se puede aplicar. Lo que está claro es que se penalizarán actuaciones vandálicas, la ocupación ilegal y los escraches.

El objetivo es que «se mantenga el orden y el decoro en la vida académica», explican desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En este sentido, remarcan que «se trata de definir unos límites que no se pueden cruzar. Queremos dar herramientas a las universidades y a la Comunidad de Madrid».

Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso subrayan que les preocupa mucho «que existan actuaciones que no están previstas en la norma». «Es muy importante que la universidad sea un espacio de libertad. Queremos también que sea un lugar de debate», remarcan.